Aguinaldo de pensionados podría reducirse en más estados tras fallo de la Suprema Corte

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar la reducción del aguinaldo para futuros pensionados en Zacatecas podría marcar el inicio de nuevas reformas en otros estados con problemas financieros en sus sistemas de pensiones.

El fallo, emitido el pasado 12 de enero de 2026, permitió disminuir de 60 a 30 días el aguinaldo de quienes se jubilen bajo el nuevo esquema del sistema estatal del ISSSTE en Zacatecas.

Aunque la medida no afecta a pensionados actuales ni aplica de manera retroactiva, especialistas advierten que el criterio jurídico de la Corte podría ser utilizado por otros gobiernos estatales para impulsar ajustes similares.

La resolución se sustentó en la necesidad de garantizar la viabilidad financiera de los sistemas pensionarios y evitar su colapso presupuestal, argumento que hoy comparten varias entidades del país cuyos institutos enfrentan déficits millonarios.

Veracruz, Chihuahua y Edomex, entre los estados bajo presión

Tras el precedente de Zacatecas, entidades como Veracruz, Chihuahua y Estado de México aparecen entre las más vulnerables ante posibles reformas que reduzcan prestaciones para futuros jubilados.

En Veracruz, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) ya ha sido escenario de reformas para eliminar las llamadas “pensiones doradas”, otorgadas a exfuncionarios de alto nivel.

Sin embargo, el nuevo criterio de la Suprema Corte podría abrir la puerta a medidas más profundas, como la reducción de aguinaldos o bonos para trabajadores que aún no se jubilan.

El argumento central sería el mismo utilizado en Zacatecas: proteger la sostenibilidad financiera del sistema.

En Chihuahua, las Pensiones Civiles del Estado (PCE) enfrentan un déficit histórico agravado por adeudos de dependencias públicas. Debido a que este sistema ofrece prestaciones superiores a las establecidas en la ley federal, trabajadores del sector salud y magisterio han comenzado a expresar preocupación ante una eventual réplica del modelo aplicado en Zacatecas.

Mientras tanto, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), uno de los sistemas más grandes del país, también enfrenta fuertes presiones financieras. Moody’s ha advertido que el gasto en pensiones limita cada vez más la capacidad operativa del gobierno estatal.

Aunque existe resistencia política a una reforma integral en la entidad, el fallo de la SCJN brinda respaldo jurídico para modificar beneficios futuros sin afectar derechos ya adquiridos.

La “quiebra técnica” detrás de la crisis pensionaria

Uno de los conceptos que más preocupa a especialistas es el de “quiebra técnica”, situación en la que los institutos de pensiones gastan más dinero del que reciben por cuotas de trabajadores activos.

El caso de Zacatecas ejemplifica esta problemática. De acuerdo con datos del ISSSTEZAC, el instituto recauda aproximadamente 2 mil 101 millones de pesos en cuotas, pero destina alrededor de 2 mil 227 millones de pesos al pago de nómina pensionaria.

Ante este escenario, la SCJN invalidó artículos que condicionaban el pago de pensiones a la capacidad financiera del instituto, obligando al estado a cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, también permitió reducir prestaciones futuras como el aguinaldo para aliviar la presión presupuestal.

¿Hacia la desaparición de los sistemas estatales?

La crisis financiera ha abierto otro debate de fondo: la posible desaparición de algunos institutos estatales de pensiones.

En Zacatecas ya se discute la posibilidad de extinguir el sistema estatal y migrar a los trabajadores al IMSS o al ISSSTE federal como una alternativa para garantizar pagos futuros.

Además, la reforma ha generado una creciente brecha generacional entre trabajadores próximos al retiro. Mientras algunos empleados conservarán 60 días de aguinaldo por haberse jubilado antes de la reforma, otros con trayectorias laborales similares recibirán únicamente 30 días por retirarse después.

Especialistas advierten que este tipo de diferencias podría generar tensiones laborales y sociales dentro del sector público.

El papel de las calificadoras financieras

Otro elemento clave en este panorama es la presión de calificadoras internacionales como Moody’s y Fitch Ratings, que observan con atención las reformas pensionarias estatales.

Reducir prestaciones futuras puede mejorar la percepción financiera de las entidades y fortalecer sus calificaciones crediticias, facilitando acceso a financiamiento. Sin embargo, estas medidas también podrían incrementar el descontento entre trabajadores y sindicatos.

El precedente de Zacatecas no solo redefine el futuro de los pensionados en esa entidad, sino que podría convertirse en el inicio de una nueva etapa de ajustes pensionarios en México.