Organizaciones exigen resolver amparos de Kenia Hernández, activista indígena detenida en 2020 tras cierre de procesos en su contra

Organizaciones de derechos humanos exigieron a las autoridades mexicanas y al Poder Judicial que resuelvan los amparos pendientes de Kenia Hernández y atiendan su caso con un enfoque de derechos humanos, tras el cierre de los procesos federales en su contra.

El llamado, encabezado por el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos —proyecto conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)—, sostiene que este momento debe ser una oportunidad para impartir justicia y liberar a la defensora indígena amuzga, detenida desde octubre de 2020.

Las organizaciones recordaron que Kenia Hernández enfrenta 10 causas penales desde 2010. Ocho de ellas, todas federales, han sido archivadas, pero dos procesos estatales en el Estado de México la mantienen en prisión, con una condena de 21 años.

Su defensa ha presentado recursos de amparo contra estas sentencias, actualmente en trámite ante tribunales del Segundo Circuito.

Diversos organismos internacionales y eurodiputados han documentado irregularidades en el caso, entre ellas la negación de su derecho a audiencias presenciales, a la interpretación en lengua amuzga y a visitas familiares y legales.

El Relator Especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos y otros mecanismos internacionales han señalado preocupación por la persistencia de acciones orientadas a mantener su detención.

Las organizaciones subrayaron que la situación de Kenia Hernández debe analizarse bajo el derecho a defender derechos humanos y el derecho a la protesta pacífica.

Señalaron que su caso es ilustrativo del uso del sistema judicial para limitar la labor de defensoras indígenas y refleja un patrón de prisión preventiva prolongada y sentencias desproporcionadas contra líderes indígenas en México, documentado también por la ONU.

Mientras se resuelven los recursos, Kenia Hernández permanece detenida y enfrenta severas restricciones para comunicarse con sus hijos, quienes solo pueden visitarla cada dos o tres meses y con quienes habla unos minutos al día.

En 2024, tras su traslado a un penal estatal, fundó la cooperativa “Tejedoras de Libertad”, integrada por reclusas que elaboran textiles y bordados ancestrales para obtener ingresos y fortalecer la convivencia, iniciativa que fue reconocida por las autoridades penitenciarias.

Las organizaciones exigieron al sistema penal del Segundo Circuito pronunciarse sobre los amparos de Kenia Hernández, conforme a estándares internacionales de derechos humanos y del derecho a la protesta.

Al Estado de México le pidieron reconocer su labor y cumplir con la obligación reforzada de protección a defensoras, previniendo obstáculos y agresiones.

Finalmente, reiteraron su solidaridad con Kenia Hernández, su familia y su comunidad. El cierre de los procesos federales, recalcaron, pone de relieve la necesidad de acabar con las violaciones e injusticias en su contra y de garantizar el derecho a defender derechos humanos en el país.

Firmaron: ACAT Francia, Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS, Defensores de primera línea, FIDH y OMCT.ICUS, Defensores de primera línea, FIDH y OMCT.