La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí localizó a 62 personas que sus familias habían reportado como desaparecidas durante el mes de abril, en un estado donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene control territorial y disputas armadas activas con otras organizaciones criminales.
Entre los hallazgos sobresale el de un niño de tres años y la desactivación de una Alerta Ámber. Los demás fueron identificados como 35 hombres y 27 mujeres, con un desglose que incluye 25 adultos masculinos, 11 adultas, 20 adolescentes y seis infantes.
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De acuerdo con los reportes, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos los ubicó en distintos puntos del territorio potosino y les brindó acompañamiento integral a través de su personal especializado.
Con ello, las 62 personas regresaron con sus familias en buen estado de salud físico y emocional. Sin embargo, el comunicado oficial no precisó las circunstancias de cada hallazgo ni el tiempo que los casos llevaban abiertos.
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El CJNG y el control de San Luis Potosí
San Luis Potosí opera como un corredor estratégico entre los centros de producción de droga en Jalisco y Michoacán y las rutas hacia el norte del país y la frontera con Texas, Estados Unidos. Por esa posición geográfica, el CJNG lo convirtió en uno de sus territorios prioritarios.
Según la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2025 de la DEA, la célula delictiva usa el estado para transportar fentanilo, metanfetamina y cocaína, y recluta redes locales para sostener esa logística. Bajo este esquema, el cártel fue designado ese mismo año como Organización Terrorista Extranjera por el gobierno de Donald Trump.
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Violencia, extorsión y lavado de dinero en el estado
La disputa territorial en San Luis Potosí enfrenta al CJNG contra el Cártel de Sinaloa y remanentes del Cártel del Noreste, lo que se traduce en enfrentamientos armados frecuentes por el control de rutas. La DEA documenta que el CJNG recurre a asesinatos, secuestros y amenazas como herramientas sistemáticas para ganar terreno.
Fuera del tráfico de drogas, la organización diversifica ingresos en el estado mediante extorsión a comerciantes y transportistas, robo de hidrocarburos y lavado de dinero a través de negocios inmobiliarios, bares, casinos y empresas de transporte. Además de utilizar transferencias electrónicas y criptomonedas.
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El compromiso de la Fiscalía ante la crisis de desapariciones
La FGESLP reiteró su disposición para recibir denuncias de familias que buscan a personas no localizadas. La dependencia no precisó cuántos casos permanecen abiertos en el estado ni el total acumulado de fichas de búsqueda activas.
Nos obstante, las 62 localizaciones de abril representan un resultado de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos en un contexto donde la violencia del crimen organizado alimenta directamente el fenómeno de las desapariciones en la entidad.
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