Activista Norma Romero denuncia violencia institucional en su contra

La activista y titular de una notaría pública, Norma Romero Cortés, denunció ser víctima de una persecución sistemática, hostigamiento y actos de violencia que, afirma, buscan detener su labor contra la corrupción dentro de instituciones públicas en Puebla. Su caso, asegura, evidencia fallas graves en el sistema de justicia y los riesgos que enfrentan quienes denuncian abusos de poder.

Romero Cortés relató que, tras más de cuatro años de litigio, obtuvo un amparo identificado como 1497/2025, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Sin embargo, calificó el fallo como insuficiente. “Es un triunfo pírrico. Se ganó el amparo, pero en realidad solo sirve para reiniciar todo desde cero. Después de tanto tiempo, lo que recibimos son migajas de justicia”, expresó.

El caso involucra a un servidor público y derivó en señalamientos contra funcionarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a quienes acusa de omisiones para proteger al presunto agresor. Según la activista, enfrentarse al sistema ha significado un proceso desgastante. “Actuar conforme a la ley me ha costado un verdadero viacrucis”, afirmó.

Allanan sus oficinas

Uno de los episodios más graves ocurrió el pasado 25 de abril, cuando la notaria ingresó a su oficina y encontró a un hombre dentro del área de servidores. En un inicio pensó que se trataba de personal de mantenimiento, pero segundos después descubrió que la caja fuerte estaba destruida.

“Cuando lo confronté, me dijo que ‘el jefe’ lo había enviado a buscar dinero. En ese momento entendí que mi vida podía estar en riesgo”, narró.

El individuo huyó, pero posteriormente fue detenido por policías estatales en una panadería cercana, donde habría confesado tanto el robo en ese establecimiento como el allanamiento en la notaría. “No fue un robo común, fue un mensaje para intimidarme”, denunció.

La situación se agrava por antecedentes recientes. Días antes del allanamiento, Romero Cortés recibió una llamada de un presunto intermediario que le propuso llegar a un acuerdo con la defensa de una exfuncionaria denunciada por ella. Tras rechazar la propuesta, afirma haber recibido advertencias sobre posibles represalias.

Violencia institucional

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Además, la activista denunció enfrentar violencia institucional en distintos frentes. Entre ellos, el congelamiento de sus cuentas bancarias desde hace más de un año y medio, lo que considera una forma de presión económica. “Es una estrategia para asfixiarme y obligarme a desistir”, acusó.

También señaló la falta de avances en una carpeta de investigación iniciada en 2021 por violencia contra las mujeres.

Otro hecho que calificó como irregular fue la realización de una audiencia de imputación el pasado 22 de abril sin su presencia. “No respetaron mi derecho a diferirla. La actitud fue hostil y el caso terminó archivado”, denunció.

Pese a este contexto, Romero Cortés ha continuado impulsando iniciativas en favor de las mujeres, como el “Protocolo Violeta”, enfocado en la protección patrimonial y la visibilización de agresores y deudores alimentarios.

“No quiero ser una más. Estoy alzando la voz antes de que sea demasiado tarde”, advirtió.