Poder Judicial ordena reponer procedimiento contra exdelegado del Infonavit en Puebla por violencia de género

El Poder Judicial de la Federación (PJF) concedió un amparo a la notaria pública y abogada Norma Romero Cortés, al concluir que el entonces delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Puebla, Antonio Kuri Alam, actuó fuera del marco legal al integrar el expediente administrativo 114/2020 y utilizar su cargo para desacreditarla y obstaculizar su ejercicio profesional.

La resolución judicial determinó que la autoridad responsable incurrió en irregularidades al no aplicar correctamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas durante el proceso, lo que derivó en un procedimiento que vulneró el debido proceso.

De acuerdo con la sentencia, el fallo se sustenta en el artículo 77 de la Ley de Amparo, por lo que se ordena reponer las actuaciones del procedimiento, emitir nuevos acuerdos debidamente fundados y motivados, así como recabar y perfeccionar pruebas para resolver el caso conforme a derecho.

Asimismo, el tribunal estableció que el procedimiento deberá conducirse con perspectiva de género y evitar cualquier forma de revictimización hacia la fedataria, quien promovió el juicio de amparo tras denunciar actos que, según expuso, afectaron su reputación profesional, su estabilidad emocional y el ejercicio de su actividad jurídica.

La decisión judicial representa un revés para la actuación institucional en el caso y obliga a las autoridades a revisar nuevamente la integración del expediente administrativo, bajo los principios de legalidad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos.

Origen del conflicto

El conflicto que derivó en el litigio federal se remonta al año 2020, cuando legisladores federales solicitaron investigar a Antonio Kuri Alam por presuntamente utilizar su cargo público para desacreditar y obstaculizar el trabajo profesional de la notaria.

En un punto de acuerdo presentado en la Cámara de Diputados se expuso que el antecedente del conflicto se originó en 2014, cuando la Notaría Número 4 brindó asesoría legal a una ciudadana en un asunto que habría generado inconformidad del entonces empresario Antonio Kuri Alam.

Posteriormente, al asumir el cargo como delegado del Infonavit en Puebla en 2016, presuntamente habría bloqueado sin fundamentación ni motivación legal los servicios profesionales que la notaría prestaba al instituto, lo que —según los señalamientos— provocó afectaciones al patrimonio moral y económico de la abogada.

Incidente público y denuncias

La situación escaló al ámbito personal el 4 de febrero de 2020. De acuerdo con la denuncia presentada por Romero Cortés, frente a varias personas la insultó de manera denigrante, llamándola “ratera” y exigiéndole que devolviera “lo robado”, pese a que los recursos legales y juicios promovidos en su contra habían sido resueltos previamente a su favor.

Ante lo que describió como un clima de intimidación y dilación institucional dentro del expediente administrativo 114/2020, la abogada decidió acudir a instancias de derechos humanos.

El 14 de diciembre de 2020 presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que expuso los hechos y el temor derivado de la situación. La queja fue admitida bajo el expediente CNDH/4/2021/917/Q.

Posteriormente, la CNDH dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual canalizó el caso a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

Investigación federal

Como resultado de esta remisión, el 11 de marzo de 2021 se inició la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEVIMTRA/PUE/00000084/2021 para analizar posibles hechos constitutivos de delito relacionados con discriminación y violencia contra las mujeres.

El 10 de mayo de ese mismo año, Romero Cortés compareció ante el Ministerio Público Federal en calidad de víctima directa. Durante la diligencia fue informada de que se le reconocía como víctima por posibles actos de discriminación.

Además, se le ofreció la posibilidad de acceder a un mecanismo alternativo de solución de controversias, opción que decidió aceptar como parte del proceso legal.