Maltrato infantil en México: adultocentrismo impulsa el aumento de casos en todo el país

Las consecuencias de este tipo de violencia pueden ser inmediatas o prolongarse por años, abarcando desde lesiones físicas graves hasta trastornos emocionales

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Maltrato infantil en México
Maltrato infantil en México

Cerca de tres de cada cuatro menores de entre dos y cuatro años sufren habitualmente agresiones físicas o violencia emocional por parte de sus responsables directos aumentando las cifras de maltrato infantil, según advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, se señala que una de cada cinco mujeres y uno de cada trece hombres aseguran haber vivido situaciones de abuso sexual antes de alcanzar la mayoría de edad. Estas cifras reflejan el grado de exposición al maltrato que enfrentan las infancias y juventudes.

Elisa Ortega Velázquez, encargada de la línea de investigación sobre derechos de la infancia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas a través de un articulo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subrayó que los adultos suelen asumir que pueden disponer de las niñas y niños como si fueran pertenencias, lo que incrementa la vulnerabilidad de este grupo.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, la especialista dio a conocer que este fenómeno abarca cualquier tipo de abuso, descuido o explotación que afecte a quienes no han cumplido los 18 años, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.

El maltrato puede manifestarse a través de golpes, agresiones verbales, negligencia, abuso sexual o explotación comercial, y pone en juego tanto la salud como la dignidad y el desarrollo de las víctimas.

Adultocentrismo: la principal causa del maltrato infantil

El fenómeno tiene raíces profundas, y una de ellas es el adultocentrismo, entendido como la creencia social y cultural de que las personas mayores tienen derechos y privilegios exclusivos por el simple hecho de serlo.

Este pensamiento normaliza la idea de que la niñez es inferior, incapaz de tomar decisiones propias, y que sus debilidades forman parte de un orden natural e inalterable. Se trata de una perspectiva aprendida y reforzada por instituciones como la familia, la escuela y el Estado, consolidando así una estructura social donde el poder reside en los adultos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La niñez y la adolescencia nunca son culpables de los abusos sufridos, la verdadera protección requiere acciones y recursos que permitan hacer efectivos los derechos reconocidos en la ley. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ver a niños, niñas y adolescentes solo como objetos de protección contribuye a que queden excluidos de la vida pública y sus derechos sean ignorados, facilitando situaciones de violencia.

Desde hace décadas la dinámica de poder entre generaciones es desigual y siempre favorece a las personas con mayor edad. Además, factores como el género y la identidad pueden incrementar la vulnerabilidad de ciertas juventudes, en especial las niñas y quienes forman parte de minorías sexuales.

Las consecuencias del maltrato infantil pueden ser inmediatas o prolongarse por años, abarcando desde lesiones físicas graves hasta trastornos emocionales como ansiedad, depresión o problemas de adicción.

Realidad y la ley

En México existe un marco normativo que busca proteger a la infancia y adolescencia, destacando la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde 2014 y alineada con la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta legislación reconoce a los menores como titulares de derechos y rompe con la tradición que los consideraba solo objeto de resguardo.

Esta ley contempla medidas especiales para quienes enfrentan situaciones de alta vulnerabilidad, ya sea por movilidad, discapacidad o pertenencia a pueblos originarios. Sin embargo, la académica indicó que la aplicación práctica de estas normas se ve limitada por la falta de recursos y la baja prioridad que tienen las infancias en la agenda pública.

La niñez y la adolescencia nunca son culpables de los abusos sufridos, la verdadera protección requiere acciones y recursos que permitan hacer efectivos los derechos reconocidos en la ley.