Entre el gas y el agua: el regreso del fracking a México

Una de las máximas que posiciona el discurso de la llamada 4T es la soberanía energética. Actualmente México importa entre el 70 y el 75% del gas natural que consume, elemento indispensable para la generación eléctrica nacional. Para revertir esta situación, la Presidenta Claudia Sheinbaum reabrió el debate sobre el uso del fracking en México.

El fracking, o fractura hidráulica, es una técnica para extraer gas y, en menor medida, petróleo, no convencionales mediante la inyección a alta presión de agua, arena y químicos que fracturan la roca. Esto implica altos costos ambientales: uso intensivo de agua, riesgo de contaminación de acuíferos y generación de residuos tóxicos, lo que la convierte como una práctica altamente controvertida.

En la Reforma Energética de 2013-2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se impulsó esta práctica, sin embargo, organizaciones civiles, académicos y movimientos ambientales y políticos (incluido Morena), criticaron fuertemente la medida y se implementó de forma limitada.

Hoy, el debate ha vuelto al centro de la agenda pública. El argumento es conocido: soberanía energética. Bajo esa lógica, el fracking deja de ser un tabú ideológico y ambiental para convertirse en una “decisión responsable”, incluso evaluada por un comité científico convocado por el propio gobierno. Pero hay una pregunta incómoda que persiste: ¿responsable para quién?

Porque si algo define al fracking no ha sido su eficiencia, sino su intensidad hídrica. Cada pozo puede requerir entre 10 y 14 millones de litros de agua, hasta diez veces más que la perforación convencional. Esa agua no desaparece: regresa cargada de químicos, metales pesados y compuestos como tolueno o xileno, con potencial cancerígeno, que pueden filtrarse a ríos, suelos y acuíferos. Es decir, el costo no se mide sólo en extracción, sino en contaminación.

Aquí es donde la narrativa oficial intenta matizar. La administración actual insiste en que no se trata del mismo fracking que se impulsó en el pasado. Se habla de nuevas tecnologías, de reutilización de hasta 60% del agua, de uso de líquidos no potables y de químicos “menos agresivos”. La diferencia, nos dicen, es técnica. El problema es que el riesgo sigue siendo estructural. Incluso especialistas advierten que, aunque se reduzca el consumo de agua potable, la preocupación central permanece: la posible contaminación de acuíferos y la dificultad de gestionar los residuos.

La comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto resulta inevitable. Entonces, el fracking se promovía abiertamente como parte de la apertura energética, con una lógica de mercado y participación privada. Hoy, el discurso es distinto: se reviste de soberanía, de transición ordenada y de evaluación científica. Pero en el fondo, la apuesta es similar: extraer gas no convencional a partir de fracturar el subsuelo con agua y químicos. La diferencia no está tanto en el método, sino en la narrativa que lo justifica.

Lo que sí ha cambiado es el contexto. México ya arrastra una pesada carga de contaminación hídrica derivada de la industria energética: más de 23 millones de metros cúbicos de agua contaminada al año. Apostar por el fracking en este escenario no es partir de cero, es profundizar una tendencia.

En ese sentido, el debate no debería centrarse en si el fracking es “más limpio” que antes, sino en si México puede darse el lujo de seguir contaminando su agua. Porque el agua, a diferencia del gas, no tiene sustituto. Y porque en un país con estrés hídrico creciente, cada decisión energética es también una decisión sobre salud pública.

El giro del gobierno actual no es menor. Pasar de la prohibición implícita a la evaluación activa del fracking no habla sólo de pragmatismo, sino de una tensión más profunda entre discurso ambiental y realidad económica. La pregunta es si, en esa tensión, el agua volverá a ser la variable de ajuste. Porque si algo nos ha enseñado la historia energética de México es que los costos ambientales rara vez se pagan en el corto plazo, pero siempre terminan cobrando factura.

* Ramiro López Aguirre. Vicepresidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación, “Agua en México”

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