El Senado de la República dio un paso inédito al aprobar, desde la Comisión de Puntos Constitucionales, la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y del fiscal estatal César Jáuregui Moreno, para explicar un caso que ha generado tensión política y diplomática.
Con 15 votos a favor y uno en contra, los legisladores avalaron convocarlos a una reunión de trabajo el próximo 28 de abril a las 11:00 horas, en conjunto con las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública.
El objetivo central será esclarecer la muerte de dos ciudadanos estadounidenses —presuntamente vinculados con la CIA—, así como detallar el avance de las investigaciones y las condiciones en las que ocurrió el operativo en la Sierra Tarahumara.
Operativo, muertes y presencia de la CIA en territorio mexicano
El caso se originó tras un operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua, donde murieron dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos luego de un accidente vehicular.
De acuerdo con reportes, los extranjeros colaboraban en tareas de seguridad vinculadas al combate al narcotráfico, lo que encendió alertas por su presencia en campo sin conocimiento previo del gobierno federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no se notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la participación de agentes extranjeros, lo que calificó como un asunto de seguridad nacional y soberanía.
En respuesta, el gobierno mexicano envió una nota diplomática a Estados Unidos para solicitar información.
Además, la propia gobernadora solicitó reunirse con la mandataria federal para abordar el caso y reforzar la coordinación institucional.
Debate político: acusaciones, defensa y confrontación en el Senado
La decisión del Senado desató un fuerte debate político entre legisladores de distintas fuerzas.
El panista Ricardo Anaya respaldó la comparecencia de Maru Campos, pero también pidió que se cite a otros gobernadores señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En tono crítico, cuestionó a mandatarios de Morena y propuso que expliquen sus presuntas relaciones con grupos delictivos.
Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña sostuvo que la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua responde a una estrategia para desestabilizar al gobierno federal.
Afirmó que no se trataba de agentes de la DEA —encargada del combate al narcotráfico— sino de inteligencia, lo que, dijo, agrava el caso.
Cuestionamientos legales: ¿puede el Senado citar a una gobernadora?
El punto más controvertido fue la legalidad de la convocatoria. El senador Luis Donaldo Colosio cuestionó que el Senado tenga facultades constitucionales para llamar a cuentas a una gobernadora estatal.
Argumentó que la Comisión de Puntos Constitucionales no tiene atribuciones para este tipo de citaciones y advirtió que se trata de un precedente “peligroso”, ya que los gobiernos estatales rinden cuentas a sus congresos locales, no al Senado.
También criticó que el tema tenga un trasfondo político y sugirió que la invitación pudo hacerse sin necesidad de un acuerdo formal.
Implicaciones: soberanía, coordinación y seguridad nacional
La reunión del 28 de abril será clave para esclarecer los hechos y definir responsabilidades, en medio de un entorno político marcado por acusaciones cruzadas.
Lo que se busca aclarar en la reunión:
- Circunstancias exactas de la muerte de los agentes estadounidenses
- Nivel de participación de agencias de EU en el operativo
- Si hubo violaciones a la Constitución o a la Ley de Seguridad Nacional
- Avances de la investigación por parte de la Fiscalía de Chihuahua
- Mecanismos de coordinación entre autoridades locales y federales
Este episodio marca un precedente en la relación entre el Senado y los gobiernos estatales, al tiempo que reabre el debate sobre la soberanía nacional y la presencia de agencias extranjeras en el país.
La comparecencia de Maru Campos podría convertirse en un punto de inflexión tanto político como institucional.
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