Una fosa séptica repleta de dientes y fragmentos de huesos humanos. Eso encontraron la semana pasada voluntarios que regresaron al rancho Izaguirre, en Jalisco, donde el año pasado ya habían hallado montones de zapatos y restos calcinados vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades mexicanas insistieron en que el predio era solo un campo de entrenamiento para reclutas. Los voluntarios, insatisfechos, volvieron. Y encontraron más.
El hallazgo resume, de forma brutal, la crisis que no cede en México: más de 133 mil personas desaparecidas, la mayoría en las últimas dos décadas, muchas a manos del crimen organizado o de funcionarios coludidos, según reportó The New York Times.
Los números que contradicen el discurso oficial
La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido en repetidas ocasiones que encontrará a cada persona desaparecida. “Lo que queremos es encontrar a los desaparecidos”, declaró el mes pasado ante la prensa. Su gobierno presume que los homicidios cayeron 41% bajo su administración, un dato real. El problema es el otro dato: el número de desaparecidos se ha más que duplicado desde 2016, creciendo de forma sostenida año tras año.
Hay avances reconocibles. Sheinbaum impulsó cambios para que los fiscales abran investigaciones de forma automática al recibir un reporte de desaparición. También lanzó un sistema nacional de alertas tempranas. En 2025, aproximadamente 22 mil 000 personas reportadas como desaparecidas fueron encontradas con vida, la cifra anual más alta registrada, de acuerdo con The New York Times.
Sin embargo, los críticos señalan que esos avances no alcanzan para cerrar una brecha que lleva años ensanchándose.
La auditoría que genera más dudas que certezas
Tras el escándalo del rancho Izaguirre, el gobierno ordenó una auditoría al registro nacional de desaparecidos, creado en 2018 a partir de listas dispares de fiscalías estatales, comisiones de búsqueda y colectivos de voluntarios. La funcionaria a cargo, Marcela Figueroa, describió el registro como un sistema “muy caótico”, sin estándares ni metodología unificada.
La revisión dividió los más de 130 mil registros en tres grupos:
- Un tercio con información insuficiente para hacer búsquedas.
- Otro tercio de personas que, tras su reporte, aparecieron en bases de datos fiscales, registros de vacunación o actas de matrimonio —señal de que podrían estar vivas—, aunque solo 5,300 han sido confirmadas en persona.
- Unos 43 mil 600 casos activos con información suficiente para buscar.
Pero organismos de derechos humanos advierten que esa cifra es un subregistro: más de 72 mil 100 cuerpos sin identificar permanecen en morgues de todo el país, y muchas desapariciones ni siquiera se denuncian.
El investigador Fernando Escobar, de la organización Causa Común, fue directo: el gobierno puede mostrar las cifras que quiera, pero sin metodología transparente y verificable, sus conclusiones son imposibles de defender ante la opinión pública.
El choque con la ONU
La tensión escaló este mes cuando el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU publicó un informe demoledor: las desapariciones en México son generalizadas y sistemáticas, y frecuentemente involucran la complicidad de autoridades. Sheinbaum rechazó las conclusiones, acusando a los expertos de ignorar los avances recientes de su administración.
Para analistas como Carlos Pérez Ricart, experto en seguridad mexicana, la reacción del gobierno refleja una falta de autocrítica preocupante. Reconocer los avances no debería impedir reconocer también los límites, señaló al Times.
Las familias que hacen el trabajo que el Estado no hace
Mientras el debate político continúa, son los voluntarios —muchos de ellos familiares de desaparecidos— quienes siguen excavando. Héctor Flores González, cuyo hijo desapareció en 2021, resumió la rabia que sienten miles: “Muchos de nuestros hijos podrían estar en ese o en cualquier otro campo de reclutamiento. Sigo sacando cuerpos y desenterrando restos.”
La promesa de encontrar a los desaparecidos sigue en pie. Los números, y las fosas, dicen otra cosa.
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