
Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se encontraba en camino hacia Tijuana con la intención de entregarse a las autoridades de Estados Unidos cuando una llamada telefónica habría cambiado drásticamente sus planes, así lo reveló el periodista Carlos Loret de Mola en una columna de opinión.
Almanza Avilés es uno de los 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York.
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La acusación, firmada por el fiscal Jay Clayton y certificada el 23 de abril de 2026, lo señala de haber recibido sobornos mensuales de la facción conocida como Los Chapitos —encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— a cambio de permitir que el cártel operara con total impunidad en Sinaloa durante el período en que dirigió la Policía Ministerial, entre 2017 y noviembre de 2022.

El exfuncionario aparece identificado en listas internas del cártel con la clave “R1” y habría recibido aproximadamente 300,000 pesos mexicanos mensuales durante ese gestión. Según el indictment, el acuerdo corrupto se pactó originalmente en una reunión celebrada alrededor de 2017 o 2018 en uno de los ranchos de Iván Archivaldo Guzmán Salazar en Sinaloa, con presencia también de Ovidio Guzmán López.
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¿Por qué no se habría entregado?
De acuerdo con la información publicada por el periodista Carlos Loret de Mola, la decisión de Almanza de buscar un criterio de oportunidad con la justicia estadounidense no fue espontánea.
Tuvo un detonante preciso: la comparecencia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, a la que acudió acompañado por Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal del estado con licencia y también acusado en el mismo expediente federal estadounidense.
Según las fuentes citadas por el comunicador, ambos exfuncionarios salieron de esa “entrevista” con la misma lectura del ambiente: las preguntas que les formularon los apuntaban a ellos como los responsables principales, en lo que interpretaron como una estrategia para no tocar a Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.
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Con esa percepción, Almanza habría tomado la decisión de seguir el camino que ya había tomado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
El operativo de recepción ya estaba listo. Las agencias estadounidenses aguardaban al exjefe policial, sin embargo, el trayecto se interrumpió de forma abrupta. Según las fuentes de Loret de Mola, Almanza recibió una llamada de su pareja. El contenido de esa comunicación fue lo que lo hizo dar media vuelta y regresar a Culiacán.
El motivo del regreso habría sido una amenaza directa. De acuerdo con la información publicada, la pareja de Almanza trabaja actualmente dentro del Gobierno de Sinaloa, posición que habría sido utilizada para hacerle llegar un mensaje fulminante desde las esferas del poder estatal.
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“En la llamada, ella le dijo que le mandaron un mensaje de arriba: si él se entregaba a Estados Unidos, ella y sus hijos sufrirían las represalias”, según las fuentes citadas por Loret de Mola.
Marco Antonio Almanza, ex director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, apareció en un video desmintiendo el rumor
Ante ese riesgo inminente para su familia, el exjefe de investigación desistió de cruzar la frontera. De regreso en Culiacán, grabó el video que circuló en redes sociales el sábado 31 de mayo, en donde aparece en bermuda negra y playera deportiva para desmentir los rumores de su entrega y declararse presente en territorio nacional.
“Yo no serviría ni de testigo protegido, ni de testigo colaborador, porque yo nunca he pertenecido a un grupo delictivo. Hice las cosas con bien todo el tiempo. Yo le doy la cara al que sea y donde sea”, dijo entonces.
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