Elyzabeth García, madre de una joven asesinada en Aguascalientes, denunció haber recibido llamadas de intimidación después de solicitar que se reabriera la investigación por la muerte de su hija, al considerar que el caso no ha sido esclarecido y que no ha tenido acceso completo a la información oficial.
De acuerdo con su testimonio, recabado por La Silla Rota, las llamadas ocurrieron luego de que insistió en que la carpeta de investigación fuera revisada nuevamente y buscó apoyo institucional. En esas comunicaciones, dijo, personas que se presentaron como funcionarios le cuestionaron por qué continuaba con el proceso y le advirtieron que podría enfrentar riesgos si mantenía su postura.
La mujer dijo que una de las llamadas se realizó en nombre de un supuesto área de “asesoría de fraude” vinculada a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Sin embargo, tras verificar directamente con la dependencia, se le informó que dicha área no existe y que la persona que la contactó no forma parte de la institución.
Sin acceso a la carpeta de investigación
Además de las llamadas, denunció que no ha podido revisar de manera íntegra la carpeta de investigación ni acceder a algunos indicios asegurados por las autoridades, entre ellos un teléfono celular relacionado con el caso. Esta situación, afirmó, ha limitado el seguimiento puntual de las diligencias.
Aunque autoridades han señalado públicamente que el expediente fue reabierto, la madre sostiene que no ha recibido confirmación formal ni acceso completo a los avances, y que únicamente le fue entregado un dictamen que previamente no había sido incorporado a su conocimiento.
Una indagatoria por red de explotación
El caso está vinculado a una investigación más amplia derivada de un operativo realizado el 7 de marzo de 2024 en un centro nocturno de Aguascalientes, donde fueron rescatadas 14 adolescentes que, de acuerdo con las autoridades, eran víctimas de explotación sexual y laboral.
En ese contexto fue detenido un hombre identificado como Homero “N”, quien fue vinculado a proceso por delitos como sustracción de menores, corrupción de menores y pornografía infantil, y permanece bajo prisión preventiva.
La madre identificó a esta persona como quien mantenía una relación con su hija, de entonces 17 años, y con quien vivía al momento de su muerte. Desde el inicio, señaló irregularidades en la forma en que se abordó el caso y solicitó que no se clasificara como suicidio.
Pese a las amenazas denunciadas, la mujer ha reiterado su intención de continuar con el proceso y exigir acceso a la información completa, así como el avance de las investigaciones relacionadas con la muerte de su hija y la posible conexión con otros delitos en la entidad.
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