
Liliana Orozco Romero y Amalia Margarita Romero Moreno se convirtieron en las únicas dos mujeres incluidas en la más reciente sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos redes señaladas por lavado de dinero y tráfico de fentanilo para el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la información publicada el 20 de mayo por la r la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las dos señaladas son originarias de Chihuahua y figuran como testaferras de confianza de Alfredo Orozco Romero, un empresario vinculado a la facción de Los Chapitos.
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Su función consistió en actuar como representantes de dos negocios controlados por dicho empresario: la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V. y el restaurante Gorditas Chiwas, ambos con sede en Chihuahua.
El papel de las dos mujeres en la red
Liliana, de 50, y Amalia, de 68 años, quedaron incluidas por la OFAC en la lista de sancionados conforme a las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, por actuar directa o indirectamente en nombre de Alfredo Orozco Romero. Esa calificación legal las posicionó junto a los negocios que gestionaron, como parte de la estructura utilizada para lavar dinero ilícito.
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Sin embargo, la designación no las señala como operadoras del tráfico de drogas, sino como piezas del engranaje financiero. Su presencia en los negocios de Orozco Romero fue el mecanismo a través del cual ese empresario mantuvo distancia formal de las estructuras que, según el Tesoro, usó para lavar ganancias ilícitas.
Alfredo Orozco Romero, el vínculo con Los Chapitos
Orozco Romero no es un nombre menor en la cadena descrita por el Tesoro. Las autoridades lo identificaron como asesor de seguridad de Armando de Jesús Ojeda Avilés, el principal lavador de dinero de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
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Además de ese rol, Orozco Romero fungió como cobrador de deudas por envíos de cocaína. Fue designado por haber brindado apoyo financiero, material o tecnológico a Ojeda Avilés, con quien comparte espacio en el listado de sancionados.
Ojeda Avilés, el arquitecto del lavado con criptomonedas
Según las autoridades, Ojeda Avilés coordinó desde Sinaloa la recolección de grandes sumas de efectivo en Estados Unidos provenientes de la venta de fentanilo y otras drogas. Posteriormente, ese dinero fue transformado en criptomonedas y transferido al Cártel de Sinaloa en México.
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El acusado asumió ese papel central tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, alias El Kastor, ocurrido el 2 de febrero de 2025 en Calimaya, Estado de México. Jiménez Castro había sido previamente designado por la OFAC por emplear moneda digital y transferencias electrónicas para canalizar ganancias del fentanilo.
Además del lavado, Ojeda Avilés supervisó directamente envíos de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Su red incluyó proveedores de drogas en México y mensajeros en territorio estadounidense encargados de la recolección de dinero en efectivo.
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Los Chapitos y el control del fentanilo
Los Chapitos es el nombre con el que se conoce colectivamente a los cuatro hijos del encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán Loera: Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín, quienes sumieron el control del Cártel de Sinaloa tras la captura, extradición y condena de su padre en Estados Unidos.
Ovidio y Joaquín están bajo custodia estadounidense, mientras que Iván y Alfredo permanecen prófugos. El dominio de esa facción sobre el tráfico de fentanilo descansa en su capacidad para obtener precursores químicos y controlar laboratorios clandestinos en Sinaloa.
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Desde septiembre de 2024, los enfrentamientos entre Los Chapitos y facciones rivales dejaron más de 600 muertos en ese estado. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado.
Las consecuencias legales y financieras de la sanción
Para Liliana y Amalia, la designación tiene consecuencias concretas e inmediatas. Todos los bienes e intereses patrimoniales que posean en Estados Unidos, o bajo el control de personas estadounidenses, quedaron bloqueados y reportados a la OFAC.
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Además, cualquier transacción de ciudadanos o entidades estadounidenses con las dos mujeres quedó prohibida, salvo autorización expresa de la OFAC mediante licencia. Las violaciones a esa restricción pueden derivar en sanciones civiles o penales, incluso bajo un régimen de responsabilidad objetiva que no requiere probar intención.

La coordinación con México y el alcance de la operación
La acción fue coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México. Con ello, la UIF realizó un análisis fiscal, financiero y corporativo de las 12 personas sancionadas para identificar posibles redes adicionales vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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En total, la OFAC incluyó en el listado a 12 ciudadanos y dos empresas mexicanas, organizados en dos redes distintas. La segunda red, encabezada por Jesús González Peñuelas —prófugo con una recompensa de USD 5 millones ofrecida por la DEA desde enero de 2024—, opera desde Sinaloa con células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada, y se dedica al tráfico de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo desde 2007.
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