La reforma constitucional para limitar las llamadas “pensiones doradas” registró un avance significativo al obtener el respaldo de 18 congresos estatales, con lo que superó el requisito constitucional necesario para su validación.
Este paso acerca el proyecto a su aprobación definitiva, ya que sólo falta que el Congreso de la Unión emita la declaratoria de constitucionalidad y posteriormente se publique en el Diario Oficial de la Federación.
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La iniciativa, impulsada desde el Ejecutivo federal, busca establecer límites a las jubilaciones de servidores públicos que ocuparon cargos directivos en organismos del Estado, con el argumento de reducir diferencias en los montos de pensiones dentro del sector público.
Estados que ya aprobaron la reforma
- Chiapas
- Tabasco
- Ciudad de México
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Veracruz
- Nayarit
- Baja California Sur
- Michoacán
- Colima
- Puebla
- Guerrero
- Campeche
- Hidalgo
- Quintana Roo
- Baja California
- Zacatecas
De acuerdo con los reportes legislativos, 16 congresos estatales avalaron la reforma por unanimidad, mientras que Baja California y Zacatecas la aprobaron por mayoría de votos.
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Con estos avales se superó el mínimo requerido de 17 legislaturas locales para modificar la Constitución.
Cambios al artículo 127: nuevo límite a pensiones de servidores públicos
El eje central de la reforma es la modificación del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El cambio establece que las pensiones y jubilaciones de servidores públicos que ocuparon puestos directivos no podrán superar la mitad de la remuneración que recibe la persona titular del Ejecutivo federal.
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Según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, la remuneración presidencial es de 193 mil 706 pesos brutos mensuales.
Con base en este monto, el límite máximo de pensión quedaría en alrededor de 96 mil 853 pesos brutos, lo que equivale aproximadamente a 67 mil 145 pesos netos mensuales después de impuestos y deducciones.
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El objetivo del ajuste es homologar los ingresos de retiro dentro del sector público y evitar pensiones que superen los parámetros establecidos para los altos cargos del gobierno federal.
Dependencias y organismos del sector público que podrían verse impactados
La reforma contempla principalmente a personal de confianza que se desempeñó en organismos descentralizados, empresas productivas del Estado, fideicomisos públicos y otras entidades del sector público federal.
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Dependencias y entidades incluidas en la reforma
En estos organismos existen esquemas de jubilación para personal directivo o de confianza que, en algunos casos, han sido señalados por tener montos elevados en comparación con otras pensiones del sistema público.
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Qué pensiones quedan fuera del nuevo esquema
El dictamen aprobado también establece excepciones dentro del nuevo marco constitucional.
Entre ellas se encuentran las pensiones correspondientes a integrantes de las Fuerzas Armadas, así como aquellas que se generan a partir de aportaciones voluntarias a cuentas individuales o mediante esquemas sindicales de ahorro complementario.
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Asimismo, la pensión no contributiva establecida en el artículo 4 constitucional no forma parte de los cambios planteados en esta reforma.
En los artículos transitorios se prevé que las jubilaciones vigentes que no estén dentro de las excepciones deberán ajustarse al nuevo límite establecido, lo que implicaría revisar los montos actuales conforme al nuevo marco constitucional.
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Próximos pasos legislativos y contexto político
Tras reunir los avales estatales necesarios, el siguiente paso será que el Congreso de la Unión realice la declaratoria formal de constitucionalidad de la reforma. Posteriormente, el Ejecutivo federal deberá ordenar su publicación para que entre en vigor.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que esta reforma forma parte de las prioridades legislativas antes del cierre del actual periodo ordinario de sesiones.
En ese contexto, explicó que el gobierno federal mantiene reuniones periódicas con coordinadores parlamentarios para revisar el avance de distintas iniciativas en el Congreso.
“Todos los lunes tenemos reunión para dar seguimiento a temas distintos de la agenda legislativa”, señaló la mandataria al referirse a estos encuentros de trabajo con líderes legislativos.
El avance de esta reforma ocurre mientras el Congreso cuenta con un periodo limitado para concluir la discusión de varias iniciativas antes de abril, lo que ha acelerado el proceso legislativo en las últimas semanas.
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