Esta mañana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó avances de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, al señalar que en un periodo de seis meses se lograron evitar más de 90 mil intentos de este delito y se detuvo a 721 personas.
De acuerdo con la dependencia, entre las acciones ejecutadas se encuentra la instalación de inhibidores de señal, así como operativos para asegurar teléfonos celulares y tarjetas SIM al interior de los reclusorios, con el objetivo de reducir la operación de redes de extorsión desde estos lugares.
SSPC también reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar estos hechos a través del número 089, como parte del esquema de atención y respuesta ante reportes de este delito.
En contraste con los resultados oficiales, especialistas en seguridad pública han señalado que la extorsión continúa como un fenómeno presente (y creciente) en diversos sectores productivos del país, especialmente en aquellos con operación en regiones rurales o con limitada presencia institucional.
En una entrevista para Infobae México, el investigador y especialista en seguridad pública, Víctor Sánchez, señaló que actividades como la agricultura, la ganadería y la minería se encuentran entre las más expuestas, debido a que suelen desarrollarse en zonas con menor vigilancia, lo que facilita la intervención de grupos delictivos.
En ese contexto, se han documentado casos recientes que reflejan la incidencia del delito en distintas regiones del país, incluyendo hechos violentos contra trabajadores en zonas mineras y desapariciones de empleados en varias entidades.
Extorsión, muy rentable porque no requiere inversión
De acuerdo con el especialista, la extorsión se ha consolidado como una de las actividades ilícitas más rentables para organizaciones criminales, debido a que no requiere inversión significativa y permite ingresos constantes. Este patrón, explicó, se ha observado desde inicios de los años 2000 en sectores como la minería.
El transporte de carga también figura entre los principales blancos, al tratarse de un sector donde los productos trasladados tienen alta demanda en mercados ilegales. Esta dinámica ha derivado en esquemas de cobro a operadores para permitir el tránsito de mercancías en determinadas regiones.
La presión de estos grupos delictivos impacta tanto a grandes empresas como a cadenas logísticas de alimentos y productos básicos, generando costos adicionales y afectaciones operativas en distintas zonas del país.
En este escenario, mientras las autoridades reportan avances en la contención del delito, especialistas advierten que su persistencia en regiones estratégicas mantiene un entorno de riesgo para trabajadores, empresas y comunidades en diversas partes del territorio nacional.
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