
La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, aseguró este sábado que el general Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa que el pasado lunes se entregó a las autoridades de Estados Unidos por acusaciones de presunta corrupción para proteger a Los Chapitos, no fue puesto en el cargo por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, sino que fue la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) quien lo puso en ese puesto.
“Hay que aclarar que el general Mérida no fue una decisión del gobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena que lo envía al estado de Sinaloa como Secretario de Seguridad Pública del Estado”, dijo la gobernadora.
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Explicó que la detención del ex secretario no afecta en nada al estado, y envió un mensaje a los sinaloenses: “Decirle a los sinaloenses que para nada afecta a nuestro estado, para nada representa algún daño al estado, nosotros seguimos trabajando, seguimos invirtiendo en el estado y en los municipios”.
Además, sobre la entrega del ex secretario de Administración y Finanzas del estado, Enrique Díaz Vega, o algún otro funcionario a las autoridades de Estados Unidos, aseguró no tener información.
“No tengo información, sé lo mismo que ustedes, lo que se ha comunicado en redes sociales”, expresó.

El pasado viernes se dio a conocer que desde el lunes 11 de mayo, Gerardo Mérida Sánchez, quien fue secretario de Seguridad del estado de Sinaloa de 2023 a 2024, durante la administración de Rubén Rocha Moya, se había entregado a las autoridades estadounidenses, quienes lo acusaron de haber protegido a miembros del Cártel de Sinaloa, en específico de la facción de Los Chapitos, a cambio de sobornos.
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La información difundida por el Departamento de Justicia estadounidense señala que Mérida Sánchez habría recibido 100 mil dólares mensuales a cambio de que Los Chapitos fueran protegidos por la dependencia gubernamental que encabezaba.
Además, trascendió que Enrique Díaz Vega, quien también fue funcionario de alto rango del gobierno de Rocha Moya, al encabezar la Secretaría de Administración y Finanzas del estado, también se había entregado a las autoridades estadounidenses.
La entrega, según la información disponible, ocurrió en Nueva York. A él se le acusa de asociación delictuosa para la importación de narcóticos desde México hasta EEUU, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos durante la comisión de un delito de tráfico de drogas.
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