
Nacional Monte de Piedad solicitó el arbitraje obligatorio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que emitan una resolución que ponga término a la huelga que comenzó hace casi seis meses, tras el rechazo por parte de la dirigencia sindical a las alternativas planteadas en las mesas de diálogo, según informó la institución el pasado martes.
De acuerdo con la última propuesta presentada por Nacional Monte de Piedad el 23 de marzo, la oferta incluye un aumento salarial de 5.3%, la reposición del 50.5% de las plazas y un bono por levantamiento de huelga equivalente al 52% del salario tabular. También, mantiene las aportaciones para actividades sindicales como el deporte y el fondo de retiro. Sin embargo, la representación sindical no ha hecho propuestas propias ni trasladó estas alternativas a los trabajadores, informó la organización.
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El desacuerdo central en la negociación gira en torno al sistema de ocupación de vacantes, conocido como boletinaciones. Aldo Achar, director Ejecutivo de Capital Humano de la institución, explicó que la administración defiende un proceso automatizado y equitativo respaldado por la Ley Federal del Trabajo, mientras la dirección sindical se opone a perder el control en la asignación y promoción de plazas.

En relación con el estado jurídico del paro, una autoridad judicial declaró inexistente la huelga el 20 de febrero de 2026 por incumplimientos estatutarios del sindicato, resolución ahora en revisión ante un Tribunal Colegiado. Si el fallo se ratifica, los empleados deberán retomar sus labores; si se revoca, persistiría la suspensión.
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El Monte de Piedad enfatizó que ni el Contrato Colectivo de Trabajo ni las prestaciones laborales están sujetos a negociación durante este proceso.
Apertura al diálogo dista de la solución
La postura de la institución fue detallada en un comunicado oficial fechado al día de hoy, en el que se hizo pública la falta de acuerdo y la apertura de un procedimiento formal ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con el objetivo de obtener un dictamen que resuelva la disputa en los términos de la ley.
La petición de arbitraje institucional fue motivada por la ausencia de avances con la dirigencia sindical, que rechaza discutir y someter a la base trabajadora cualquier alternativa, pese a que el conflicto afecta a miles de colaboradores y clientes. Monte de Piedad subrayó que, durante este periodo de crisis, ha efectuado más de cinco propuestas concretas, a las que se suman tres adicionales promovidas por la autoridad laboral. Según la institución, el sindicato no ha presentado contraoferta alguna ni pruebas formales sobre las supuestas violaciones al contrato colectivo que originaron la huelga.
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Arbitraje obligatorio, última vía para resolver el conflicto
El prolongamiento del conflicto llevó a la formalización de una solicitud de arbitraje ante las autoridades laborales federales, con el fin de obtener un dictamen de cumplimiento obligatorio para ambas partes. Nacional Monte de Piedad afirmó que el mecanismo es necesario para asegurar una “solución institucional, pronta, expedita y justa” tras casi seis meses de huelga. El llamado a la intervención se produce luego de un largo período de mediación por parte de las entidades laborales, sin resultados concretos.
Nacional Monte de Piedad reiteró su disposición incondicional al diálogo y apego a la legalidad, invocando su función histórica de asistencia social a través del préstamo prendario. La continuación de la huelga, el mantenimiento de la parálisis y la falta de avances en la negociación colocan la resolución definitiva en manos de las autoridades judiciales y laborales, de acuerdo al comunicado oficial emitido por la institución.
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