Vivienda adecuada en México: la nueva reforma contará con estos 7 elementos clave

La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados mexicana ha aprobado una reforma sustancial a la Ley de Vivienda que redefine el estándar nacional en la materia.

El dictamen, basado en una iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal el 11 de marzo y respaldado mayoritariamente por legisladores de distintos partidos, propone reemplazar el concepto de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, alineándose con directrices internacionales y estableciendo directrices más precisas para la política habitacional en México.

El documento, avalado por 17 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, será turnado a la Mesa Directiva para su programación legislativa según informó la Cámara.

Entre las principales modificaciones se establece que la vivienda adecuada es aquella que cuenta con accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios, habitabilidad, seguridad en la tenencia y ubicación.

Este cambio responde, según destacó la diputada Maribel Martínez Ruiz del Partido del Trabajo y presidenta de la Comisión, a la necesidad de dotar de mayor claridad y efectividad a uno de los derechos sociales reconocidos en la Constitución Política.

El dictamen aprobado introduce un conjunto de siete elementos que deben cumplir las viviendas: accesibilidad, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, habitabilidad, seguridad en la tenencia, asequibilidad, ubicación y adecuación cultural. Además, incorpora por primera vez la sostenibilidad a través de ecotecnias.

<b>La reforma amplía los sujetos de derecho</b>

Una característica relevante del nuevo texto es el reemplazo de términos tradicionales por otros más inclusivos. Por ejemplo, se sustituyen “familia” por “persona”, “los trabajadores” por “las personas trabajadoras”, y “ecotécnicas” por “ecotecnias”. Estas modificaciones, según expuso Martínez Ruiz al medio legislativo, apuntan a la actualización conceptual conforme a los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

En relación al financiamiento y ejecución de políticas habitacionales, la reforma amplía la concurrencia de organismos e instituciones, incluyendo a quienes financian o construyen vivienda tanto para personas trabajadoras como para cualquier persona que busque solucionar sus necesidades habitacionales. En palabras del diputado Oscar Bautista Villegas del Partido Verde Ecologista de México, el cambio “pone en el centro a las personas” y busca “fortalecer la coordinación de la política de vivienda” entre los sectores público, privado y social.

<b>Reforma enfrenta críticas sobre financiamiento y regulación</b>

Las nuevas disposiciones permiten a organismos e instituciones de financiamiento de vivienda adquirir, rehabilitar y construir casas, así como urbanizar terrenos y enajenar o arrendar viviendas. Estas acciones, precisa el dictamen, deben “salvaguardar en todo momento el patrimonio de los fondos de vivienda y los derechos de las personas trabajadoras”, sin poner en riesgo la solvencia financiera de esos fondos.

Por su parte, el diputado del PAN, José Guillermo Anaya Llamas, manifestó su oposición alegando que la reforma no contempla facilidades para trabajadores no cotizantes y que convierte al Infonavit y al FOVISSSTE en constructores directos, sin recibir recursos adicionales del gobierno federal como marca la Constitución. De la misma manera, María Lorena García Jimeno Alcocer, diputada del mismo partido, advirtió sobre un impacto financiero negativo al considerar que se utilizarán recursos de las subcuentas de los trabajadores, que suman un saldo de 2.4 billones de pesos.

El dictamen responde así a la pregunta central sobre qué cambia en la política de vivienda mexicana: busca precisar el derecho constitucional a una vivienda adecuada estableciendo parámetros concretos, extender los sujetos beneficiarios a todas las personas y ajustar los instrumentos legales y operativos a estándares más definidos. Además, introduce reglas para la gestión de recursos y materiales, exigiendo que las inversiones y aportaciones de entidades públicas y privadas sean congruentes con las necesidades diagnosticadas en el Programa Nacional de Vivienda.