
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que la sociedad mexicana no demanda una revocación de mandato, sino soluciones a problemas urgentes como el acceso a medicinas y la seguridad.
López Rabadán explicó que la falta de consenso legislativo para avanzar con la revocación refleja las preocupaciones reales del país, e instó a que los debates parlamentarios prioricen las exigencias ciudadanas.
La diputada enfatizó que “hay que ser objetivos y la verdad es que en este momento no hay una exigencia ciudadana para que se revoque el mandato. Si no se logran las dos terceras partes es una decisión que tiene que ver con la realidad de nuestro país”.

Seguridad y atención médica: exigencias inmediatas
López Rabadán fue explícita al enumerar las verdaderas demandas sociales en México: seguridad, medicinas, carreteras seguras y médicos en hospitales. Reiteró que el Congreso debe enfocar su labor en los asuntos que inquietan específicamente a la ciudadanía, y no distraerse en temas como la revocación de mandato, los cuales, en su diagnóstico, no son prioritarios.
Consultada sobre el reciente asesinato de dos maestras en Morelia por un adolescente armado, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados consideró que el incidente exhibe la fragilidad del tejido social y la urgencia de una respuesta integral desde todos los espacios institucionales, incluido el Poder Legislativo.
Respecto al debate por las pensiones, advirtió sobre la necesidad de un enfoque ético en la gestión de los fondos públicos. Sostuvo que lo inmoral son los “excesos, abusos y lujos que no se pueden justificar con los ingresos legales de un servidor público honesto”, y exigió transparencia en la evolución patrimonial de los funcionarios, sin importar su militancia política.
La demanda ciudadana y el alcance del Plan B
El pueblo de México no se expresa mediante encuestas, sino a través de sus representantes en el Congreso y el Senado de la República, sostiene López Rabadán.
En relación con el llamado Plan B de reforma electoral, la presidenta precisó que, si el Senado no aprueba las fechas de la revocación de mandato, se ratificaría que la sociedad mexicana toma definiciones fundamentales a través de sus instituciones representativas. Asimismo, explicó el proceso interno que seguiría cualquier resolución legislativa: las reformas aprobadas serían enviadas a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral para su dictamen, garantizando la transparencia del procedimiento.
Actualmente, la propuesta del Plan B contempla la modificación de cuatro artículos constitucionales, luego de que, en una fase anterior, la Cámara de Diputados desechó la variante que pretendía alterar once de ellos. La Cámara, en ese sentido, funciona como revisora solo si la iniciativa supera el umbral de dos terceras partes de los votos en la cámara de origen, lo cual todavía está en vilo.
Para López Rabadán, el debate de mayor envergadura sería centrar una verdadera reforma electoral en blindar el proceso democrático frente al crimen organizado.
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