La organización Amnistía Internacional condenó la reciente determinación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que prohíbe a más de 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) recibir donativos, denunció que se trata de “leyes anti-ONG”.
El fin de semana, el SAT anunció una nueva disposición dirigida a las organizaciones civiles y no gubernamentales del país. La autoridad fiscal eliminó de su padrón de donatarias autorizadas a 113 organizaciones, argumentando que no cumplían con los requisitos necesarios para recibir donativos deducibles de impuestos.
De acuerdo con Amnistía Internacional, esta decisión representa una reducción considerable en los recursos disponibles para las ONG, afectando principalmente cuatro áreas clave: la defensa de los derechos humanos, el apoyo legal a víctimas, la atención a casos de violencia de género y la protección de territorios indígenas.
La organización advirtió que, al limitar la capacidad de financiamiento de estos grupos, se obstaculiza su labor cotidiana, que en más de un caso consiste en acompañar a comunidades indígenas, documentar violaciones y exigir justicia ante actos de abuso.
Amnistía Internacional subrayó que las ONG cumplen funciones esenciales para la sociedad, ya que muchas de ellas ofrecen servicios y acompañamiento que el Estado no proporciona de manera suficiente.
Entre ellas, destacó, está documentar abusos, acompañar víctimas, vigilar elecciones, impulsar mejores leyes, entre muchas otras. La restricción a su financiamiento, según la organización, amenaza la continuidad de estos trabajos y aseveró que “limitar su trabajo es debilitar a toda la sociedad”.
El organismo destacó que en México, las organizaciones de por sí ya enfrentan cargas excesivas: informes duplicados, requisitos reiterativos y controles previos sobre el uso de fondos, lo que se traduce a “menos tiempo ayudando, más tiempo en burocracia”.
En su pronunciamiento, la organización sostuvo que estas medidas responden a gobiernos “que dicen promover transparencia, pero en realidad buscan controlar y debilitar a la sociedad civil”. Acusó que en el país, a las ONG se les exige más de lo que se debería, sin que las instituciones públicas y gubernamentales aporten al trabajo que realizan.
“Más control a quien vigila, menos a quien gasta”, determinó.
La postura de Amnistía Internacional, difundida en redes sociales, resalta que este tipo de medidas no solo impactan a las organizaciones directamente afectadas, sino que también envían un mensaje preocupante sobre el entorno para la defensa de derechos y el activismo en el país.
Hizo un llamado a revisar la medida y a garantizar condiciones adecuadas para que las organizaciones puedan operar de manera libre y segura, pues la labor de las ONG es indispensable para la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia.
“Un México más seguro y democrático necesita más sociedad civil, no menos”, finalizó su posicionamiento el organismo internacional.
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