Ricardo Anaya critica reforma para topar pensiones y advierte fallas en la iniciativa de Sheinbaum

El senador de la República, Ricardo Anaya, criticó la iniciativa de reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos.

Durante un encuentro con medios, el legislador señaló que, aunque está de acuerdo con eliminar pensiones excesivas, la propuesta actual “está mal planteada”.

El excandidato presidencial sostuvo que la iniciativa plantea fijar el límite de las pensiones con base en el salario de la persona titular del Ejecutivo federal, lo que, a su juicio, generaría inconsistencias en el sistema.

“Si el día de mañana el presidente o la presidenta decide subirse el sueldo, aumentan las pensiones; y si decide bajarlo, también disminuirían.

No se puede jugar de esa manera con las pensiones de la gente”, afirmó.

Apoyo para eliminar pensiones millonarias en el sector público

Anaya aseguró que su partido respalda la eliminación de pensiones consideradas excesivas dentro del sector público, particularmente en algunas entidades paraestatales.

Como ejemplo, mencionó que existen casos en los que exfuncionarios reciben montos muy elevados.

Según el senador, hay personas que perciben pensiones de hasta un millón de pesos mensuales, mientras que más de cien beneficiarios reciben más de 400 mil pesos al mes.

Para el legislador, estos casos son “escandalosos e inaceptables”, por lo que consideró necesario establecer límites claros y técnicamente sustentados.

Propone fijar topes con base en UMAs

El senador planteó que, en lugar de relacionar el límite con el salario presidencial, las pensiones deberían establecerse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un indicador utilizado para calcular multas, obligaciones y diversos pagos oficiales.

Explicó que este mecanismo permitiría que los montos se ajusten conforme a la inflación y no dependan de decisiones políticas sobre el salario del Ejecutivo.

Como referencia, recordó que los sistemas actuales ya utilizan este tipo de parámetros:

• Las pensiones del ISSSTE están topadas a 10 UMAs, equivalentes a alrededor de 35 mil pesos mensuales.
• Las pensiones del IMSS tienen un límite de 25 UMAs, aproximadamente 85 mil pesos al mes.

En ese sentido, indicó que si el objetivo es que el tope sea cercano a 70 mil pesos —la mitad del salario presidencial— podría establecerse en alrededor de 20 UMAs.

Sheinbaum propone reforma constitucional para limitar pensiones

La iniciativa fue enviada al Senado por la presidenta Claudia Sheinbaum y plantea modificar el artículo 127 de la Constitución para limitar las pensiones y jubilaciones financiadas con recursos públicos en organismos del sector paraestatal.

De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo es garantizar que el uso de recursos públicos sea eficiente, transparente y acorde con los principios constitucionales.

El documento señala que algunas pensiones en entidades públicas han generado percepciones desproporcionadas frente al promedio de la población, lo que puede afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La propuesta establece que las jubilaciones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos no podrán superar la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal.

Fuerzas Armadas y otros sistemas quedarían fuera de la reforma

El proyecto también contempla excepciones a esta medida.

Entre los casos excluidos se encuentran:

• Las pensiones de las Fuerzas Armadas.
• Los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales.
• Los esquemas complementarios financiados con aportaciones sindicales.
• La pensión no contributiva establecida en el artículo 4 constitucional.

Además, la iniciativa plantea que el límite aplicaría tanto a las pensiones futuras como a algunas ya otorgadas, argumentando que las reformas constitucionales pueden tener efectos sobre situaciones previas sin violar el principio de irretroactividad de la ley.

El debate sobre la reforma se prevé en el Senado en las próximas semanas, en medio de posturas encontradas sobre la forma en que deben regularse las jubilaciones financiadas con recursos públicos.