La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que una persona fue vinculada a proceso por la posesión ilegal de cinco ejemplares de clarín jilguero (Myadestes occidentalis), especie de ave enlistada como sujeta a protección especial en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que regula las especies de flora y fauna silvestres en riesgo en el país.
El aseguramiento de las aves ocurrió el pasado 12 de febrero, cuando elementos de seguridad pública del municipio de Tetela del Volcán detectaron a una persona que transportaba los ejemplares sin contar con la documentación que acreditara su legal procedencia.
Ante esta situación, los oficiales procedieron a poner al individuo a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que inició la carpeta de investigación correspondiente por la probable comisión de un delito contra la biodiversidad.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, la posesión ilícita de ejemplares de vida silvestre que se encuentren en alguna categoría de protección puede ser sancionada con penas que van de uno a nueve años de prisión, así como de 300 a 3 mil días de multa. Estas disposiciones buscan inhibir el tráfico y la captura ilegal de especies, una de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad en México.
La Profepa detalló que participa en este caso como parte ofendida y coadyuvante del Ministerio Público Federal, y dará seguimiento puntual al proceso judicial. El objetivo, señaló la dependencia, es garantizar la protección de los ejemplares asegurados y promover la reparación integral del daño ambiental, conforme a sus atribuciones legales.
El clarín jilguero es una especie nativa de México que habita principalmente en zonas montañosas con bosques templados. Debido a la pérdida de hábitat y a su captura ilegal para su comercialización como ave de ornato, su población ha enfrentado presiones que motivaron su inclusión en la lista de especies sujetas a protección especial. Esta categoría implica que la especie podría llegar a encontrarse amenazada si no se establecen medidas adecuadas para su conservación.
La dependencia federal reiteró que el tráfico ilegal de vida silvestre constituye un delito que afecta el equilibrio de los ecosistemas y pone en riesgo la supervivencia de diversas especies. Asimismo, subrayó la importancia de que la ciudadanía se abstenga de adquirir ejemplares de fauna silvestre sin la documentación que acredite su procedencia legal, ya que esta práctica fomenta cadenas de comercio ilícito.
Finalmente, la Profepa reafirmó su compromiso de continuar trabajando en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para combatir los delitos ambientales, fortalecer la vigilancia y asegurar la protección de los recursos naturales del país, así como impulsar acciones orientadas a la conservación de la biodiversidad y la reparación del daño al medio ambiente.
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