El gobernador jaliciense de Movimiento Ciudado (MC), Pablo Lemus Navarro, reconoció el trabajo del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de su gabinete de seguridad en el combate a la corrupción y la extorsión, delitos de alto impacto en el país, tras la detención del alcalde de Tequila, Diego ‘N’.
A través de su cuenta oficial en la red social X, Lemus destacó la coordinación permanente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como parte del operativo que derivó en la captura del alcalde.
“Desde primera hora enviamos policías estatales al municipio para brindar seguridad y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía de Tequila”, señaló el mandatario estatal, al subrayar la respuesta inmediata de su gobierno tras la detención.
Diego “N” es investigado por presunta extorsión a empresas cerveceras y tequileras de la entidad, así como por su posible relación con una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La detención fue realizada mediante un operativo interinstitucional en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia.
El emecista reafirmó su respaldo al gobierno federal y su disposición para mantener la colaboración entre autoridades estatales y federales para enfrentar la delincuencia organizada.
Detienen al alcalde de Tequila y a tres funcionarios municipales en operativo federal
Las autoridades federales ejecutaron la detención de Diego ‘N’, presidente municipal de Tequila, Jalisco, junto con tres integrantes clave de su administración (el director de Seguridad Pública, director de Catastro y Predial y director de Obras Públicas), en el marco de la Operación Enjambre, que tiene como objetivo desmantelar redes criminales dentro de gobiernos municipales.
Esta estrategia prioriza a aquellos con actividad económica estratégica, donde las autoridades locales habrían utilizado su posición para exigir pagos ilícitos y beneficiar a grupos delictivos. “La característica principal es la ejecución simultánea de órdenes de aprehensión tras investigaciones prolongadas y denuncias ciudadanas”, detalló el secretario García Harfuch.
Entre los casos que motivaron la intervención destaca el conflicto con la empresa José Cuervo, cuando el Ayuntamiento de Tequila exigió alrededor de 60 millones de pesos en impuestos, cifra considerada “excesiva” por la compañía.
Ante la negativa, la administración municipal procedió a clausurar la planta bajo el argumento de adeudos por impuesto predial y licencias. Posteriormente, la FGR recibió una denuncia formal por extorsión contra el alcalde y su equipo.
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