El Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch advierte que México atraviesa una crisis persistente en materia de derechos humanos. El organismo señala que el cambio de gobierno, con la llegada de Claudia Sheinbaum como primera mujer presidenta, no ha frenado la violencia en México, la impunidad ni los retrocesos institucionales, pese a algunos avances.
Según Human Rights Watch, el Estado de derecho se ha visto afectado por la reciente reforma judicial impulsada por el Congreso, con apoyo de Sheinbaum y del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Las modificaciones, de acuerdo con una relatora de la ONU citada en el informe, “ponen en riesgo la integridad institucional y la confianza pública en el sistema de justicia”.
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La violencia y la impunidad siguen siendo un problema en México, de acuerdo con Human Rights Watch
La violencia en el país se mantiene entre las más altas del mundo, con una tasa oficial de más de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2024.
En Sinaloa se contabilizaron más de 1 mil 800 asesinatos tras la extradición de un líder criminal en 2024, mientras que en la Ciudad de México fueron asesinados dos asesores municipales. En Michoacán murió el alcalde de Uruapan tras denunciar vínculos entre cárteles y funcionarios estatales.
La impunidad sigue siendo un problema estructural. Las fiscalías resuelven solo uno de cada diez homicidios intencionales que investigan, muchas veces con pruebas alteradas, falsificadas o extraídas bajo tortura.
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Estas instituciones presentan serias deficiencias de recursos, personal y protección. Según el Instituto Federal de Defensoría Pública, entre 2019 y 2025 se documentaron 3 mil 177 denuncias de tortura, con 4 mil 100 víctimas. La Organización Mundial Contra la Tortura la definió como “práctica generalizada”.
Mayor presencia del Ejército en México
El reporte de Human Rights Watch destaca la ampliación de tareas del ejército y la transferencia del control de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas. Se recogen casos recientes de ejecuciones extrajudiciales, como el asesinato de dos niñas en Sinaloa y protestas en Cozumel tras una denuncia de abuso por parte de un soldado.
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Organizaciones internacionales han señalado que el ejército sigue obstruyendo investigaciones, como en el caso Ayotzinapa, y la Secretaría de la Defensa aún no reconoce su responsabilidad en violaciones históricas.
El gobierno no ha podido responder al tema de las desapariciones
El fenómeno de las desapariciones continúa grave. Para 2025, México superó oficialmente las 130 mil personas desaparecidas desde 1952. El informe resalta que las autoridades no han realizado acciones suficientes para prevenir ni sancionar estos hechos.
El Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas inició una revisión para determinar si las desapariciones son una práctica generalizada o sistemática. Ocho personas dedicadas a la búsqueda de desaparecidos fueron asesinadas en 2025, según datos recogidos por asociaciones humanitarias.
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En cuanto a transparencia, el cierre del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la transferencia de sus funciones a una agencia del Ejecutivo limitó el derecho a la información pública.
Nuevas leyes han incrementado los registros de identidad y telefonía móvil, dotando al Estado de mayores facultades de vigilancia y acceso a datos personales sin control judicial.
El periodismo sigue siendo una labor perseguida en México, aunque el país ha mejorado en temas de género
Periodistas y defensores de derechos humanos siguen en riesgo. Durante 2025 se reportaron siete periodistas asesinados y 51 procesos de acoso judicial contra la prensa, según datos de organismos de libertad de expresión.
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Los activistas, por otro lado, sufren amenazas graves, como demuestra el asesinato de la abogada indígena Sandra Domínguez en Oaxaca.
En materia de género, Human Rights Watch reconoce los avances legislativos, como la paridad de género en cargos electivos y la creación de la Secretaría de las Mujeres, pero subraya deudas pendientes.
El feminicidio sigue siendo una “gran preocupación”, habiendo 444 víctimas mujeres y niñas en la primera mitad de 2025. La despenalización del aborto avanza de modo desigual y persisten brechas en la atención a la salud sexual y reproductiva, especialmente para mujeres rurales e indígenas.
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