Suprema Corte niega que se le realicen pruebas a niña víctima de abuso, acusa revictimización

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una resolución que incluyó la protección a una madre y sus hijas frente a actuaciones judiciales que, según el Pleno del Tribunal, implicaban un riesgo real de revictimización para las niñas víctimas de violencia.

En esta sentencia, dada en la sesión de este 20 de enero, la SCJN revocó el mandato de un tribunal colegiado que ordenaba repetir un juicio familiar para realizar nuevas pruebas sobre la credibilidad de una de las niñas, víctima de violencia sexual, afectando injustificadamente la consideración de su testimonio y contrariando el principio constitucional del interés superior de la niñez, expuso la Corte en su comunicación oficial.

Además, el máximo tribunal sostuvo que exigir a la madre asistir a cursos o terapias, tanto de forma conjunta como individual, resulta una carga irrazonable cuando no existen elementos que la responsabilicen de propiciar violencia o de manipular a sus hijas, pues tal medida no solo vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino que también puede reproducir estereotipos de género.

Suprema Corte legisla en materia de amparos directos

A esta resolución se suma la claridad con la que la SCJN delimitó el carácter definitivo e inapelable de sus resoluciones respecto a amparos directos.

El Pleno determinó que las sentencias de amparo directo dictadas por la propia Corte, en ejercicio de la facultad de atracción, quedan fuera de cualquier mecanismo posterior de revisión interna.

La SCJN determinó que no existe base constitucional ni legal para admitir recursos de revisión en contra de sentencias de amparo directo emanadas de la propia Corte, sentenció el tribunal en la sesión del pasado 19 de enero.

Este criterio se apoya en la naturaleza indivisible de la Suprema Corte, reafirmando el principio de cosa juzgada y eliminando la posibilidad de instancias adicionales para impugnar sus determinaciones.

La SCJN confirma la validez de los cobros de la Fiscalía de Colima

En materia de servicios estatales, la Corte también decidió sobre el cobro de cuotas por servicios ofrecidos por la Fiscalía de Colima.

El Pleno validó, el 19 de enero, el artículo 64 Bis 2 de la Ley de Hacienda del estado, que establece que los precios por expedición de certificados vehiculares, dictámenes técnicos, estudios periciales y exámenes médicos deben regirse por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), descartando cualquier interpretación que los vinculara al salario mínimo.

En el ámbito profesional, la SCJN precisó el alcance de la cédula profesional electrónica como requisito exclusivo para ejercer legalmente una profesión en México.

Este documento electrónico, resolvió la Corte el 15 de enero, cumple todas las exigencias constitucionales para acreditar la habilitación profesional y no requiere incluir ni fotografía ni firma.

Según la comunicación oficial de la SCJN, su función se limita a certificar la habilitación, por lo que no constituye una identificación oficial de uso general; la adaptación se produce conforme a los lineamientos técnicos de la Dirección General de Profesiones.

Por otra parte, la SCJN validó las facultades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para imponer sanciones económicas a instituciones financieras que incumplan sus obligaciones.

Este pronunciamiento respondió a la impugnación de una sanción por parte de una entidad financiera en 2023, relacionada con omisiones en reportes sobre quejas de despachos de cobranza ante el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO).