Artículo 19 condenó la detención de la periodista María Luisa Ruiz en Puebla

Artículo 19 condenó la detención, agresión física e intimidación sufridas por la periodista María Luisa Ruiz en Santiago Miahuatlán, Puebla, el 13 de enero de 2026, mientras realizaba labores informativas en la vía pública.

La organización internacional de defensa de la libertad de expresión señaló que este caso representa un riesgo para el ejercicio periodístico en México, especialmente para mujeres y personas adultas mayores.

La periodista, quien refirió que tiene más de 50 años ejerciendo, ya fue liberada, sin embargo, su estado de salud se habría complicado por los malos tratos de los elementos municipales.

Detención y uso de la fuerza en Santiago Miahuatlán

María Luisa Ruiz, directora y fundadora del medio “Expresión, Principio de la Comunicación”, se encontraba en el centro del municipio Santiago Miahuatlán documentando un operativo policial.

Según videos publicados en la página de Facebook de Ruiz, ella se encontraba en la calle cuando alguien le comentó que había dos personas detenidas, por lo que fue a cubrir el suceso.

Al llegar, elementos municipales le exigieron acreditación y cuestionaron su labor antes de detenerla y trasladarla a la comandancia, pese a que Ruiz manifestó que realizaba trabajo periodístico.

La periodista denunció jaloneos, empujones y golpes al ingresar a las instalaciones municipales, además de amenazas de remitirla al Ministerio Público.

Según el reporte de Artículo 19, la detención fue ordenada por el director de Seguridad Pública municipal, Benigno Valencia Pérez.

Además, en los reportes oficiales se detalló que el uso de la fuerza agravó el estado de salud de Ruiz, quien padece hipertensión y diabetes, por lo que fue hospitalizada.

Argumento de la detención

Según la información revelada por Artículo 19, para detener a María se utilizó el argumento de la “usurpación de funciones”.

Sobre este actuar policial, la organización advirtió que condicionar el ejercicio periodístico a la exhibición de credenciales o vínculos formales con medios de comunicación viola estándares nacionales e internacionales.

La organización recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que exigir acreditación para acceder a actos públicos es contrario a la libertad de expresión y que la definición de periodista debe atender al rol social desempeñado.

Además, recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera inadmisible la colegiación o autorización estatal como condición para ejercer el periodismo, criterio aplicable a la exigencia de acreditaciones.

Estas prácticas institucionales exponen a periodistas a detenciones arbitrarias y represalias, agravando los riesgos en contextos donde la prensa enfrenta hostilidad y obstáculos para denunciar agresiones.

Exigencias a las autoridades

Tras los hechos, Artículo 19 pidió a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) investigar la detención y las agresiones sufridas por la periodista María Luisa Ruiz.

Además, la organización solicitó que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas otorgue medidas urgentes y eficaces de protección, considerando las condiciones de vulnerabilidad de la periodista.

La organización también llamó al Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán y a su Dirección de Seguridad Pública a garantizar el libre ejercicio periodístico y cesar las prácticas de intimidación.

Por otra parte pidió al Gobierno del Estado de Puebla asegurar protección y atención en salud para la periodista, e implementar acciones de no repetición, incluidas capacitaciones obligatorias para policías municipales en libertad de expresión, enfoque de género e interseccionalidad.

Finalmente, solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla dar seguimiento a la queja iniciada de oficio y emitir medidas cautelares.

El caso de María Luisa Ruiz muestra la urgencia de fortalecer la protección a periodistas en México y eliminar prácticas que vulneran el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información.