Detienen a dos presuntos “narcocaníbales” y buscan al menos a cinco más

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) confirmó la detención de dos presuntos miembros de una célula criminal apodada “los narcocaníbales”, tras la reaparición pública del caso por presión social.

Tras la difusión de un video en redes sociales desde el año pasado, el fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros informó la captura de varios sospechosos relacionados con el grupo, aunque reconoció que aún buscan a cinco personas más.

En rueda de prensa, el funcionario evitó precisar los delitos que enfrentan los detenidos y prometió que “ya les darán cuentas próximamente”. Esta postura ha sido calificada como evasiva y repetitiva por diversos analistas locales, que advierten una falta de transparencia institucional.

Origen de la investigación de los narcocaníbales

La investigación, que data de agosto de 2025, se reactivó tras la detención de un individuo apodado “El Chiquilín”, quien, según medios locales, declaró que como rito de iniciación para pertenecer a la célula criminal se exigía consumir carne humana de sus víctimas.

Pese a la gravedad de esta revelación, la FGET demoró varios meses en tomar acciones concretas, lo que permitió que el caso quedara envuelto en rumores, filtraciones y confusión sobre la narrativa oficial.

En la opinión pública de Tabasco, la célula ha sido bautizada como “los narcocaníbales”, un apodo que visibilizó la brutalidad del crimen y la percepción de descomposición social, según reportes de prensa estatal.

Indignación en redes por falta de marco legal para sancionar estos actos

La indignación ciudadana creció ante la percepción de que la autoridad permitió que la violencia extrema se normalizara en la región. Un aspecto central abordado por los medios locales es la falta de un marco legal específico: en México el canibalismo no está tipificado como delito.

La FGET solo puede recurrir a cargos por manejo indebido de cadáveres, como lo establece el artículo 280 Bis del Código Penal Federal, que sanciona la destrucción o alteración de restos humanos con penas de cinco a ocho años de prisión. Diversos sectores consideran insuficiente esta figura jurídica frente a la violencia descrita por los testigos.

“La ley no nombra el horror”, lamentó un internauta en redes sociales en referencia a la ausencia de legislación sobre el canibalismo en México. El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformas legales para enfrentar delitos de extrema violencia, una discusión que permanece pendiente en la agenda legislativa nacional.