
La titular de la Comisión de Igualdad de Género en el Senado, Martha Lucía Mícher Camarena cuestionó abiertamente la postura “pro-vida” adoptada por el gobierno de Aguascalientes, esta crítica se realizó después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazara el análisis de la reforma que restringe el plazo legal para la interrupción voluntaria del embarazo en la entidad.
A través de un mensaje en X, la legisladora señaló que la gobernadora panista, Teresa Jiménez Esquivel ha declarado que su administración se identifica como “pro-vida” en materia de aborto, subrayó: “La gobernadora no gobierna desde sus creencias; gobierna conforme a un marco jurídico que es obligatorio”.
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Además, Mícher recordó que la SCJN declaró inconstitucional sancionar esta práctica en 2023 —Tras un amparo promovido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Aun así, Aguascalientes no a implementado la resolución de la Corte—. y que el derecho a decidir es parte esencial de derechos fundamentales, incluidos la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y el acceso a la salud.
Mícher pide que Aguascalientes se apegue a la Constitución
“Estos criterios no son opiniones: son de observancia general para todas las autoridades del país”, afirmó la senadora. Mícher advirtió que condicionar la aplicación de sentencias judiciales o negar servicios médicos por razones ideológicas infringe la Constitución y reiteró que la responsabilidad de las instituciones de salud trasciende la simple no persecución penal.
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“El Estado debe asegurar condiciones reales de acceso, atención médica oportuna, información veraz y trato digno, sin estigmas ni barreras administrativas”, puntualizó. Añadió que cualquier discurso “pro-vida” que se traduzca en obstáculos para acceder al aborto puede constituir un incumplimiento del orden constitucional.
Aguascalientes suspende discusión sobre reforma al aborto
El pronunciamiento de la senadora se da en medio de la preocupación expresada por organizaciones defensoras de derechos reproductivos debido a la incertidumbre jurídica generada por la decisión de la Corte de retirar temporalmente el proyecto que analizaba la reforma aprobada en agosto de 2024 por el Congreso local.
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Este dictamen, elaborado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, propone declarar inconstitucionales varios artículos del Código Penal estatal, al considerar que la reducción del plazo de doce a seis semanas restringe la autonomía reproductiva de las mujeres en la entidad.
En la actualidad, veinticuatro estados mexicanos permiten la interrupción voluntaria del embarazo antes de la semana doce, mientras que en Aguascalientes se limita a seis semanas y en Sinaloa a trece. No existe una fecha determinada para que la SCJN retome el análisis del caso, en un contexto en el que diversos sectores atribuyen la demora a presiones tanto políticas como religiosas.
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Secretaría de Mujeres critica rechazo a la despenalización del aborto
En noviembre pasado, Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, manifestó su inconformidad ante la negativa del Congreso de Querétaro para despenalizar el aborto, una situación que también se presentó meses antes en Guanajuato, a pesar de los avances logrados en otras entidades del país.

Hernández consideró inadmisible que algunos legisladores sigan oponiéndose al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y los acusó de no acatar la sentencia de SCJN, que ordenó legislar en favor de la despenalización del aborto a nivel nacional.
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La funcionaria señaló que estos legisladores actúan con base en creencias personales, muchas veces influenciadas por tabúes y posturas religiosas, en lugar de priorizar los derechos humanos y la igualdad. Hernández expresó que la labor legislativa debe atender los derechos de todas las personas y no responder a convicciones individuales.
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