Invertirán más de 2 mil millones de pesos en acciones tras desastre ambiental en río Sonora

El Plan de Justicia Cananea contempla la construcción del Hospital Regional de Ures y la creación del Laboratorio Regional de Calidad del Agua en Sonora

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Crédito: Semarnat
Crédito: Semarnat

Tras años de afectaciones sanitarias y ambientales, el Plan de Justicia en Cananea plantea una respuesta integral a los daños provocados por el derrame de sulfato de cobre acidulado en la mina Buenavista del Cobre, sobre el Río Sonora, operada por Grupo México en agosto del 2014.

El programa articula acciones en materia de trabajo digno, atención médica, medicamentos gratuitos, bienestar ambiental, derecho al agua y mejoramiento urbano, con el objetivo de atender de forma estructural a las comunidades afectadas en Sonora.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, junto con un dirigente minero, solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dar seguimiento al plan, planteado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador para garantizar su cumplimiento.

Financiamiento del Plan de Justicia en Cananea

El gobernador Alfonso Durazo Montaño
El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó las acciones del Gobierno de Sonora para cerrar el conflicto laboral en Cananea y atender los daños del Río Sonora.

El financiamiento del plan asciende a 2 mil 22.6 millones de pesos, integrados principalmente por aportaciones de Grupo México, el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora. Del total:

  • Grupo México dará el 70.14% corresponde a mil 500 millones de pesos, además de 59 millones depositados previamente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019.
  • El Gobierno de México contribuye con 21.7%, equivalente a 483.6 millones de pesos.
  • El Gobierno de Sonora aporta 8%, con 180 millones de pesos.

Obras y acciones prioritarias del plan

Los recursos permitirán entregar apoyos económicos directos a trabajadores mineros y viudas, impulsar acciones de justicia ambiental y desarrollar infraestructura estratégica para la región.

Crédito: Presidencia
Crédito: Presidencia

Entre las obras contempladas destacan la construcción de 16 plantas potabilizadoras y 16 sistemas de desinfección así como la adecuación de cuatro de las seis ya existentes bajo la supervisión de Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, se creará del Laboratorio Regional de Calidad del Agua, la instalación de estaciones de monitoreo permanente en el río Sonora y la construcción del Hospital Regional de Ures.

Justicia ambiental y reparación a largo plazo

En el contexto de la remediación ambiental en la cuenca del río Sonora, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena informó que se pondrán en marcha acciones específicas para eliminar o reducir los contaminantes presentes en los sitios afectados, entre las medidas propuestas destaca la caracterización y análisis de suelos y sedimentos en las zonas identificadas como contaminadas.

Crédito: Jovani Pérez/ Infobae México
Crédito: Jovani Pérez/ Infobae México

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó el acuerdo como “muy importante” dentro del Plan de Justicia en Cananea, al señalar que busca reparar los daños ocasionados por el derrame que provocó la liberación de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora.

Comités de Cuenca Río Sonora insisten: “Justicia, Reparación y No Repetición” tras el derrame en el Río Sonora

Tras el anunció del plan federal frente al desastre ambiental ocurrido en 2024, los Comités de Cuenca Río Sonora advirtieron la persistencia de vacíos estructurales y la necesidad de que las comunidades afectadas participen de forma real y efectiva en la toma de decisiones.

Las organizaciones, a través de un comunicado de prensa remarcó que, durante la administración federal anterior, tales líneas de acción no se tradujeron en avances concretos, ni representaron una reparación para las localidades impactadas por el derrame tóxico.

ARCHIVO - El río Sonora,
ARCHIVO - El río Sonora, contaminado por un derrame de 10 millones de galones de sulfato de cobre y metales pesados procedentes de la mina de cobre de Buenavista, se abre paso por las montañas cerca de la población de Mazocahui en el estado norteño de Sonora, México, el 12 de agosto de 2014. Residentes del estado de Sonora protestaron el martes 5 de diciembre de 2023 contra lo que consideran constantes demoras de las autoridades en los procesos de limpieza y de reparación de la contaminación de hace casi una década. (AP Foto/El Imparcial, Julián Ortega, Archivo)

Los Comités demandan cuatro acciones al gobierno federal:

  • Claridad y transparencia sobre el futuro del Fideicomiso Río Sonora, ya que la Suprema Corte determinó que no puede extinguirse sin un proceso de consulta y sin el consentimiento de las comunidades, además de reconocer que éstas debieron participar en su diseño y evaluación.
  • Demandan conocer a detalle el acuerdo y convenio con Grupo México, pues no basta informar montos económicos: “las comunidades deben participar en la definición de acciones, plazos, supervisión, sanciones por incumplimiento y garantías de derechos colectivos”.
  • Reiteran la urgencia de establecer una calendarización pública y verificable, con responsabilidades claras, indicadores de cumplimiento, acceso a la información y espacios de participación comunitaria, ya que a once años del derrame no existe certeza de avances reales.
  • Subrayan que la atención a la salud de las personas afectadas debe ser inmediata y prioritaria, recordando que durante estos años ha habido fallecimientos por enfermedades relacionadas con la contaminación, sin atención médica ni seguimiento epidemiológicoadecuados.