
Al menos 35 locatarios indígenas mayas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), denunciaron ser víctimas de amenazas, despojos de locales y cobros ilegales dentro del mercado tradicional “Dr. Belisario Domínguez”, ubicado en el barrio La Candelaria, en el municipio de Ocosingo, Chiapas
A través de un comunicado público, los comerciantes señalaron a directivos del mercado y a otros grupos de vendedores de presuntamente apropiarse de sus espacios comerciales y venderlos a terceros, con la tolerancia —e incluso complicidad— de autoridades municipales.
“Son corruptos; hacen negocios con nuestros locales de los que nos han despojado, vendiéndolos a otras personas”, acusaron.
Cobros en efectivo y sin comprobantes oficiales
De acuerdo con la denuncia, desde 2021 se instauró un esquema de cobros arbitrarios, que incluye el pago de hasta 20 pesos diarios por el derecho a trabajar, sin que se entregue recibo oficial avalado por el ayuntamiento.
Los locatarios afirman que el grupo que dice representar a los comerciantes exige dinero a cambio de no despojarlos de sus espacios. Quienes se niegan a pagar, sostienen, han recibido amenazas, desalojos forzosos o la clausura de sus locales.
“El dinero se exige sin transparencia y sin rendición de cuentas, en complicidad con funcionarios municipales”, se lee en el documento.
Más de una década de agresiones y despojo
Las denuncias presentadas por los locatarios indígenas del mercado de Ocosingo, ordenadas cronológicamente según los datos del documento, son las siguientes:

1. 10 de abril de 2012: Locatarios reportan el despojo violento de sus locales a Alberto López Sánchez y Juana Méndez López, después de que estos exigieron rendición de cuentas sobre el manejo de recursos y la entrega de escrituras por parte del consejo de administración de la coalición.
2. 14 de junio de 2013: Nuevos despojos contra Quirino Gordillo Hernández, Juan Mendoza Hernández y Vicente Toledo Albores. Alegan que la coalición les exige 150 mil pesos por la firma de escrituras, reclamando un total de 10 millones 950 mil pesos entre varios miembros. Señalan que ese dinero nunca fue comprobado ante el SAT y que los motivos de represalia surgieron por solicitar información de gastos y derechos legales.
3. 14 de septiembre de 2025: Despojo del local de Sara Toledo Sánchez, viuda indígena maya tseltal con seis hijos, uno de ellos enfermo de cáncer. Relatan que le vaciaron el local tirando sus productos al pasillo, y que después soldaron la cortina. Hasta la fecha del reporte, llevaba más de 82 días sin poder trabajar, por la falta de intervención de las autoridades.
4. 13 de noviembre de 2025: Se reporta el encierro por varias horas dentro de sus propios locales de Vicente Toledo Albores, Carmela Santiz Méndez, Juana Hernández Clara, Alma Lesvia Hernández Clara, Quirino Gordillo Hernández, Micaela Gordillo Hernández, Ana Deli Gordillo Hernández, Juan Mendoza Hernández y menores de edad. Denuncian que integrantes de la coalición cerraron las puertas del mercado y los dejaron dentro. De este hecho, quedó conocimiento en la fiscalía y la delegación del gobierno.
5. 23 de noviembre de 2025: Construcción de bardas perimetrales de 2 metros de altura y 6 de largo que bloquearon los accesos a cuatro locales, impidiendo que sus propietarios —Macaria Entzin Gómez, Enrique López Santiz, Tomás López Entzin— puedan abrir sus cortinas y trabajar. Reportaron pérdidas económicas, ya que estuvieron 20 días sin acceso a sus negocios.
6. 24 de noviembre de 2025: Silvia Reyes Sánchez y un grupo de personas realizaron destrozos en el local de Enrique López Santiz, incluida la destrucción de tres cámaras de seguridad en diferentes horarios de la noche, con la intención de eliminar evidencias de los hechos denunciados.
7. 15 de diciembre de 2025: En la denuncia pública más reciente dirigida a autoridades y organizaciones, los locatarios exigen respeto a su trabajo y la investigación de actos de extorsión, amenazas y despojo, responsabilizando al gobierno de cualquier daño derivado de la omisión y solicitando la solidaridad nacional e internacional.
Estas denuncias muestran una continuidad y agravamiento del conflicto y las afectaciones contra los locatarios indígenas del mercado en un periodo de más de una década.
Locatarios exigen seguridad jurídica y transparencia
En su comunicado, piden a las instituciones y autoridades del gobierno de Chiapas, encabezado por el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, respeten su derecho al trabajo digno en los locales así como un cese a los despojos y daños a los locales comerciales.
“Exigimos la atención inmediata por el despojo, las amenazas y la extorsión cometida hacia nosotros como locatarios integrantes del Congreso Nacional Indígena y Bases de Apoyo Zapatista. También exigimos se investigue el actuar del Consejo de Administración y la mesa directiva de la coalición. Ante la falta de respuesta de las autoridades, responsabilizamos al gobierno de las afectaciones, la vulneración de nuestros derechos laborales y humanos y de todos los hechos que puedan generarse por la omisión.”
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