El sábado 6 de diciembre de 2025 se registró la explosión de un coche cargado de explosivos frente a la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, provocando la muerte de cinco personas y dejando cerca de 20 heridos por las llamas.
La comunidad nahua de Santa María Ostula afirmó a través de un comunicado que el ataque tiene como propósito generar terror entre la población y afectar el sistema de seguridad comunitaria establecido en los pueblos de Coahuayana.
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En el comunicado, se señala directamente como responsable al grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “quien desde hace cinco años ha venido atacando a nuestras comunidades para intentar desplazar a las poblaciones (...) y apoderarse de nuestros territorios”.
Piden justicia para la zona de costa-sierra
Organizaciones como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes’ y la Red Solidaria de Derechos Humanos sumaron su voz a la exigencia para que autoridades federales y estatales tomen medidas inmediatas destinadas a brindar protección en la zona costa-sierra de Michoacán, señalando que la región ha sido tocada por la violencia desde hace décadas.
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Desde el gobierno federal, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección, precisó que, en contraste con algunas versiones preliminares, la explosión no habría sido dirigida específicamente contra las policías comunitarias que operan en la zona.
Destacó que existen indicios de que el incidente es resultado de la pugna entre dos líderes delictivos activos en la franja entre Michoacán y Colima.
García Harfuch detalló que los hechos corresponden a la confrontación entre grupos vinculados al CJNG, al Cártel de Tepalcatepec y a organizaciones integrantes de Cárteles Unidos, todos en disputa por el control territorial y de actividades ilícitas que incluyen trasiego de droga, narcomenudeo, extorsión, tráfico de armas y minería ilegal.
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Críticas al Plan Michoacán y rechazo a la militarización
García Harfuch sostuvo que el Gobierno federal continuará el fortalecimiento del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” con el objetivo de reducir homicidios y hechos violentos en la región, subrayando que los episodios violentos no son casos aislados, sino resultado de disputas por rutas y territorios entre grupos delictivos.
Por su parte, la comunidad de Ostula expresó que la implementación del Plan Michoacán y la presencia militar han obstaculizado la labor de las policías comunitarias, debilitando su capacidad de autodefensa y derivando en situaciones de violencia como la ocurrida el 6 de diciembre. Rechazaron la militarización y criminalización de sus sistemas de seguridad propios, exigiendo respeto a la libre determinación y a las estructuras de seguridad colectiva.
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Demandas de la comunidad: castigo a responsables, desarticulación de cárteles y respeto a derechos indígenas
Entre las principales exigencias al gobierno federal y estatal, la comunidad demanda castigo a los autores materiales e intelectuales del atentado en Coahuayana, acciones reales para desarticular al CJNG
Las principales demandas al gobierno federal y al estatal son:
- Castigo a los responsables materiales e intelectuales del ataque en Coahuayana.
- Acciones reales y duraderas para desarticular al CJNG y a todos los cárteles criminales.
- Fin de la complicidad entre autoridades y delincuentes.
- Respeto efectivo de los derechos de los pueblos originarios.
- Garantías plenas para el funcionamiento de las policías comunitarias y guardias comunales.
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