La CNDH emitió recomendación por presunta tortura a una mujer durante un operativo en Guanajuato

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó actos de tortura cometidos por elementos de la Secretaría de Marina (MARINA), Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE/SSP Gto) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato contra una mujer detenida en Villagrán, Guanajuato, durante el operativo denominado “Golpe de Timón” en marzo de 2019.

La recomendación emitida acredita violaciones graves a derechos humanos, incluyendo el trato indigno y la integridad y seguridad personal de la víctima, identificada con la clave “V” para proteger su identidad.

Según la CNDH, el 5 de marzo de 2019, aproximadamente 40 policías estatales y marinos ingresaron a un domicilio en Villagrán y detuvieron a la víctima con violencia, mientras estaba en la casa de su familiar.

Evidencia de tortura e investigación

Diversos testimonios y una videograbación entregada por testigos evidencian que la mujer fue golpeada, arrastrada, asfixiada con una bolsa y sometida a tortura física y psicológica.

Durante el traslado, elementos vestidos con prendas institucionales de la Marina la obligaron a desnudarse parcialmente para golpearla con una tabla, mientras emitían amenazas contra su familia.

El expediente CNDH/2/2022/12866/VG recopila certificaciones médicas y dictámenes médicos-psicológicos que corroboran lesiones múltiples acreditables a maltrato físico.

La CNDH analizó peritajes, testimonios y documentos oficiales que confirman la presencia de personal de la Marina y la FSPE dentro del domicilio, descartando la versión de las autoridades responsables, que alegaban haber proporcionado únicamente seguridad perimetral, y que atribuían las lesiones a agresiones de civiles o autolesiones de la víctima.

La comisión concluyó que tales argumentaciones carecen de sustento y validó la existencia de tortura, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

“Me asfixiaron con una bolsa, me golpearon, me amenazaron con hacerle daño a mi familia y quitarme a mis hijos”, declaró la víctima ante la CNDH y otras instancias durante la investigación.

Los reportes médicos señalan equimosis y lesiones consistentes con golpes de objetos contundentes y actos de asfixia simulada, lo que refuerza la existencia de actos de tortura según los protocolos especializados consultados por la comisión.

El contexto del operativo “Golpe de Timón” —una acción de seguridad implementada entre 2019 y 2020 para debilitar al Cártel de Santa Rosa de Lima— marcó una de las fases más violentas en la región. La CNDH señala que tanto la MARINA como la SSP Gto reconocieron públicamente su participación en el operativo, lo que refuerza la responsabilidad institucional sobre los hechos reportados.

La comisión determinó la responsabilidad directa de elementos de la Secretaría de Marina, FSPE y AIC de la FGE Gto; así como la existencia de encubrimiento y omisión por parte de otros funcionarios. Además, señaló la importancia de la rendición de cuentas y la cultura de la paz como elementos indispensables para restaurar la confianza ciudadana y prevenir la repetición de violaciones graves a derechos humanos.

Entre las acciones recomendadas, la CNDH exigió reparar integralmente el daño a la víctima, incluyendo compensación económica y atención psicológica especializada.

También pidió acciones administrativas y penales contra los responsables, la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República y los órganos internos de control, así como la implementación de medidas institucionales de no repetición. La comisión consideró indispensable la formación en derechos humanos para los funcionarios de las instituciones señaladas y la adopción de mecanismos efectivos para la prevención de la tortura.

“Resulta inverosímil que la MARINA niegue la participación de sus elementos o el conocimiento de sus acciones en operativos conjuntos de alto impacto”, estableció la CNDH, advirtiendo sobre el riesgo institucional generado por la falta de control interno y de rendición de cuentas.