El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) activó un servicio especial de asesoría legal para quienes resultaron detenidos o lesionados durante la marcha de la Generación Z, una movilización que derivó en confrontaciones y denuncias de uso excesivo de la fuerza contra jóvenes manifestantes.
A través de su cuenta de X, la institución informó que habilitó el correo incam.atencion1511@gmail.com para atender solicitudes de apoyo, ofrecer orientación inicial y, en caso necesario, canalizar la representación legal correspondiente.
El Colegio pidió a las personas interesadas enviar su nombre completo, un medio de contacto y una breve descripción de lo ocurrido, con el fin de agilizar la atención.
La apertura de esta línea de apoyo se dio horas después de que el INCAM emitiera un posicionamiento público en el que condenó los hechos registrados durante la movilización y señaló que la represión vulnera principios básicos del Estado constitucional de derecho.
Pronunciamiento previo del Colegio: condena a la represión
En su declaración, el INCAM subrayó que la actuación de las autoridades durante la protesta representó una violación directa a derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho de reunión y la protesta pacífica.
La institución afirmó que estos principios son pilares democráticos que deben garantizarse, no restringirse a través del uso de la fuerza pública.
El Colegio señaló que los jóvenes que participaron en la marcha reclamaban condiciones de paz y seguridad, por lo que calificó como injustificable que fueran dispersados de manera violenta.
Aseguró que criminalizar sus demandas erosiona la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de proteger la dignidad humana.
En el pronunciamiento, el INCAM sostuvo que la juventud “no es enemiga del Estado”, sino una voz moral que recuerda que la seguridad pública debe funcionar como garante de derechos y no como herramienta de intimidación.
Además, rechazó cualquier narrativa que pretenda responsabilizar a quienes ejercen legítimamente su derecho a exigir un México más seguro.
La institución también expresó su solidaridad con las personas lesionadas y sus familias, reiterando que ninguna autoridad puede utilizar la fuerza pública para silenciar exigencias legítimas de paz y justicia. Subrayó que el Estado está obligado a proteger a la ciudadanía y no a reprimirla.
Con la habilitación de la nueva línea de atención legal, el Colegio reafirmó su compromiso histórico con la defensa de los derechos humanos, la legalidad y la dignidad de cada persona.
Asimismo, reiteró que la protesta pacífica constituye un derecho constitucional que debe ser plenamente garantizado por las autoridades.
La iniciativa busca apoyar a quienes sufrieron afectaciones durante la marcha de la Generación Z, misma que dejó un saldo de 40 policías hospitalizados y 29 personas detenidas.
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