
El titular de la Fiscalía General de Justicia del estado de Colima, Bryant Alejandro García Ramírez, dio a conocer que la alcaldesa del municipio de Cuauhtémoc asesinada el pasado 14 de octubre, Gabriela Mejía Martínez, vivía en una casa relacionada a personas del crimen organizado, además de que presuntamente debía dinero.
De acuerdo con las declaraciones de García Ramírez a la prensa, la exalcaldesa priista de Cuauhtémoc, residió en una casa que pertenecía a una persona identificada como ligada a la delincuencia organizada. El fiscal detalló que este individuo abandonó el municipio de Cuauhtémoc tras una serie de episodios violentos ocurridos en los meses previos.
Además, el funcionario precisó que la camioneta en la que viajaba Mejía Martínez al momento del ataque había sido propiedad de un miembro de un grupo criminal conocido como “Jarocho”, quien murió en un enfrentamiento en diciembre de 2023 frente al hotel Costeño, en la ciudad de Colima.
El fiscal también señaló que la exalcaldesa enfrentaba problemas económicos y, debido a ello, recurrió a préstamos de amigos, conocidos y del propio ayuntamiento. En el marco de la investigación, una persona se encuentra detenida por su presunta implicación en el homicidio, aunque García Ramírez aseguró que existen varias líneas de investigación abiertas y que ya han identificado a más personas relacionadas con el crimen.
“Estamos en proceso para realizar las detenciones respectivas”, afirmó el funcionario. Además, dio a conocer que ya se encuentran analizando los teléfonos celulares de la víctima para reconstruir sus últimas comunicaciones y contactos.
Por otra parte, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Rojas Orozco, criticó durante una conferencia de prensa la exposición de detalles sensibles de la investigación. Rojas Orozco sostuvo que al difundir esos datos, el fiscal revictimizó a la alcaldesa y dañó la memoria de una mujer que, en sus palabras, “ya no puede defenderse”.

“Lamento muchísimo que se revictimice y que se manche la memoria de una mujer que fue madre, hija, hermana, una líder social. Este machito, con tanta ligereza, da información sensible que además podría afectar el juicio”, dijo Rojas.
Además, advirtió que la actuación del fiscal podría comprometer la validez de las pruebas judiciales y calificó de torpe la manera en que se ventiló el caso ante la opinión pública. “Sin ser abogado, lamento mucho que se ventile un tema tan sensible de manera tan torpe, poniendo en riesgo el mismo juicio”, manifestó Rojas Orozco al mismo medio.
Por otra parte, también exigió que el funcionario muestre la misma determinación para informar sobre los homicidios que se registran diariamente en el estado: “Queremos que tenga los pantalones bien puestos para hablar de todos los asesinatos, de los que mataron ayer en Salagua, de los que acribillaron antier, y que lo haga sin arriesgar los juicios”, puntualizó el dirigente priista.
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