La noche del primero de noviembre, el atentado que terminó con la vida de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, reavivó la sed de justicia y rechazo a la impunidad que se vive en el país. Mientras el dolor e indignación recorrían las calles y las redes, Jorge Álvarez Máynez hizo público su señalamiento: el respaldo institucional solicitado por Manzo ante las amenazas sufridas nunca llegó a tiempo.
Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano, recordó que existían antecedentes de advertencias formales que quedaron sin respuesta. Según detalló, más de un mes antes, se había gestionado una petición de apoyo en la Cámara de Diputados dirigida directamente al Gobierno federal y, en particular, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El dirigente lamentó en sus mensajes: “No tendríamos que estar hoy lamentando su muerte”, al subrayar la responsabilidad de dichas instituciones ante la reiteración de amenazas por parte del crimen organizado.
El propio Manzo, en numerosas ocasiones, había denunciado la hostilidad creciente y pidió recursos adicionales para su seguridad. Aquellas solicitudes fueron ignoradas, lo que, a juicio de Álvarez Máynez, abrió la puerta a la tragedia. El reclamo, dirigido a la cúpula de la seguridad nacional, estuvo acompañado por la pregunta directa hacia la SSPC sobre los motivos por los cuales no se brindó la protección requerida.
El ataque en el Centro Histórico y la respuesta social
El crimen ocurrió en pleno Centro Histórico de Uruapan, durante la celebración del Festival de Velas por el Día de Muertos, mientras Manzo convivía con su familia y equipo de colaboradores. La agresión armada se desató en cuestión de segundos: sus escoltas respondieron al ataque, abatieron a uno de los agresores y detuvieron a otros dos. Videos difundidos en redes sociales capturaron los esfuerzos de paramédicos que intentaron reanimar al edil, al tiempo que decenas de testigos documentaban la escena. Trasladado a un hospital, Carlos Manzo perdió la vida poco después del atentado.
Promesas oficiales versus exigencias de protección real
El homicidio no solo generó promesas inmediatas por parte de autoridades estatales y federales, sino un reclamo social más amplio ante el vacío de acciones preventivas efectivas. Mandatarios como el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la presidenta Claudia Sheinbaum expresaron su condena y promesas de justicia, declaraciones que se suman a una larga lista de compromisos que, según activistas y opositores, rara vez se traducen en protección tangible.
El caso de Manzo representa una tragedia más en la larga cadena de asesinatos de figuras políticas en Michoacán, territorio sacudido por la violencia del crimen organizado. Mientras tanto, familiares y sociedad civil demandan acciones inmediatas, no condolencias tardías, ante el continuo riesgo en el que se encuentran quienes desafían estos intereses ilícitos.
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