Después de la polémica que generó el caso de Paloma Nicole, una niña de 14 años fallecida en Durango tras someterse a una cirugía estética a cargo de su padrastro y su madre, el Congreso busca endurecer la regulación en esta materia.
La iniciativa de la diputada María Teresa Ealy Díaz, integrante de Morena, propone la prohibición de cirugías estéticas en menores de 18 años en México, salvo aquellas de tipo reconstructivo asociadas a condiciones médicamente justificadas, como malformaciones congénitas, accidentes o enfermedades.
La legisladora advierte sobre “riesgos graves para la vida, la salud y la integridad personal” de este sector, destacando referencias como lo cual “visibiliza la urgente necesidad de contar con un marco normativo que proteja de manera efectiva a las y los menores de estas prácticas”.
Esta propuesta plantea modificaciones a la Ley General de Salud a través de la adición del artículo 272 Bis 7, según lo informó la Cámara de Diputados.
El documento entregado a la Comisión de Salud advierte que “las y los menores de edad enfrentan crecientes presiones sociales y culturales vinculadas a los estándares de belleza, que promueven la realización de procedimientos estéticos a edades cada vez más tempranas”, tal como expone Ealy Díaz.
En ese sentido, la iniciativa busca que únicamente puedan realizarse procedimientos en menores bajo circunstancias excepcionales, siempre que exista un dictamen favorable emitido por un comité médico especializado, además del consentimiento informado de los padres o tutores, y la manifestación de voluntad del menor de edad conforme a su grado de madurez.
Para asegurar el cumplimiento de estas medidas, el proyecto establece que las autoridades sanitarias competentes deberán “vigilar el estricto cumplimiento de esta disposición”.
Además, la Secretaría de Salud, en conjunto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se encargará de emitir los lineamientos y normas oficiales necesarias para la correcta implementación.
La diputada refiere la problemática social generada por la expansión de la industria de la cirugía plástica y estética, que se ha extendido sin regulación específica para menores de edad.
El proyecto enfatiza que la falta de una prohibición expresa ha permitido que “intereses económicos y presiones sociales prevalezcan sobre la protección de quienes aún no cuentan con la madurez suficiente para tomar decisiones de carácter irreversible”.
Por ello, la propuesta subraya que establecer una regulación homogénea a nivel nacional “no representa una limitación arbitraria, sino una medida de justicia social y de protección de derechos humanos que atienda el principio del interés superior de la niñez”.
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