Así avanza la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos en todo el país

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) inició actividades para concretar la aplicación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (LNTB) en las 32 entidades del país, con el objetivo de reducir la carga administrativa para la ciudadanía y homologar procesos en los tres órdenes de gobierno.

La estrategia fue presentada tras la instalación de mesas de trabajo que contaron con la participación de representantes estatales y personal de la ATDT en la Ciudad de México.

El principal propósito de la LNTB, según explicó Crystel Arellano Moreno, directora general de Simplificación Administrativa, es simplificar la operación de los trámites gubernamentales, disminuyendo requisitos y tiempos, mediante la adopción y adaptación de modelos digitales y normativos desarrollados por el gobierno federal.

Se busca que los gobiernos estatales puedan implementar estos sistemas con acompañamiento técnico y manteniendo un enfoque en la facilitación de los derechos de la población.

Una de las novedades de la legislación es la inclusión de procedimientos sectoriales vinculados con la actividad económica-productiva, los cuales están alineados con directrices del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Arellano Moreno destacó que estos cambios ofrecen beneficios directos a las personas, quienes podrán realizar trámites esenciales sin cargas que frenen su acceso a servicios o derechos básicos.

La LNTB contempla el desarrollo del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios, que arrancará con un registro inicial de 270 trámites estatales y 100 municipales, actualizado regularmente de acuerdo con la demanda y necesidades locales.

Esto es lo que deberá hacer cada estado de la República Mexicana para eliminación de trámites burocráticos

Cada entidad deberá crear una autoridad en simplificación y digitalización, así como promover la inscripción de procedimientos municipales para fortalecer la interoperabilidad nacional.

La aplicación de la ley implica revisar cada trámite existente para eliminar aquellos requisitos carentes de fundamento legal y digitalizar los restantes con la misma validez jurídica que los presenciales.

El principio de buena fe ciudadana será clave para impedir la exigencia de documentación ya presente en archivos oficiales, lo que supone un avance hacia la eficiencia administrativa.

El calendario oficial establece como metas inmediatas la publicación de lineamientos operativos antes de concluir 2025, la creación de nuevas dependencias estatales especializadas a inicios de 2026 y la designación de enlaces en cada institución pública en el primer trimestre de ese año.

Entre los proyectos prioritarios destacan acciones para modernizar el registro civil, mejorar la ventanilla única, actualizar el catastro y ampliar la consulta digital de servicios esenciales.

Este proceso cuenta con la participación de representantes de todo el país y busca reducir la discrecionalidad, la corrupción y los costos burocráticos, mientras impulsa la transparencia, el acceso a la información y la eficiencia tecnológica en la administración pública.