Con 330 votos a favor, 130 en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que da origen a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, una iniciativa que busca transformar la relación entre el gobierno y la ciudadanía mediante la simplificación administrativa, la digitalización de trámites y servicios, y la implementación de buenas prácticas regulatorias.
Según informó el documento legislativo, esta nueva normativa tiene como objetivo principal avanzar hacia una administración pública más eficiente, moderna, transparente e incluyente.
De acuerdo con el dictamen, esta ley es reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y será de observancia general en todo el territorio nacional. Sin embargo, no será aplicable en materias fiscales relacionadas con contribuciones y sus accesorios, ni en las responsabilidades de servidores públicos, el ejercicio de funciones del Ministerio Público o las actividades de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, salvo en lo referente a la simplificación, digitalización y registro de trámites en el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, que será obligatorio para todas las dependencias.
El documento establece una serie de herramientas y modelos nacionales para eliminar trámites burocráticos, digitalizar procesos, homologar servicios y mejorar la atención ciudadana. Entre las medidas más destacadas se encuentra la creación de la Llave MX, un mecanismo de autenticación e identificación digital, y el desarrollo del mencionado Portal Ciudadano Único, que centralizará los trámites y servicios en una sola plataforma.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la autoridad nacional encargada de supervisar e implementar esta ley. Según el dictamen, esta agencia tendrá la responsabilidad de garantizar que los sujetos obligados cumplan con las disposiciones de la normativa, incluyendo la eliminación de costos burocráticos, la simplificación de trámites con mayor volumen de uso y la priorización de aquellos dirigidos a grupos de atención prioritaria.
El dictamen también contempla la creación de un Repositorio Nacional de Tecnología Pública, que permitirá compartir soluciones tecnológicas y desarrollar capacidades públicas replicables en los tres órdenes de gobierno. Asimismo, se prevé la implementación de ventanillas digitales, la homologación de la vigencia de resoluciones y la fusión de trámites relacionados.
Diputados opositores señalan riesgo en tratamiento de datos personales y posible concentración de poder
La diputada Verónica Pérez Herrera del PAN expresó su apoyo a la transformación digital, pero señaló que la ley carece de controles efectivos, auditorías independientes y principios claros para proteger los datos personales y respetar el federalismo.
El debate también incluyó críticas sobre la concentración de poder y el manejo de datos personales. El diputado Arturo Yañez Cuellar del PRI advirtió que la reforma podría abrir la puerta a hackeos y mal uso de la información personal, mientras que la diputada Irais Virginia Reyes De la Torre de Movimiento Ciudadano señaló que la ley vulnera la autonomía de estados y municipios al establecer recomendaciones vinculantes por parte de la Agencia de Transformación Digital.
Por el contrario, la diputada de Morena Katia Alejandra Castillo Lozano, quien presentó una de las reservas aprobadas, aseguró que esta ley no implica una centralización autoritaria, como han señalado algunos críticos, sino que pretende establecer un nuevo pacto de confianza entre la ciudadanía y el gobierno. Castillo destacó que la normativa respeta la autonomía de los estados y municipios, permitiendo que cada entidad implemente los mecanismos necesarios según sus propias capacidades y realidades, tal como lo establece el artículo 11 del proyecto.
En tanto, Ricardo Monreal Ávila calificó la ley como una herramienta de alto nivel que beneficiará a la población al simplificar los trámites burocráticos, haciéndolos más rápidos, seguros y transparentes. Además, reiteró que la normativa busca combatir los excesos de la burocracia sin comprometer el federalismo ni la autonomía de las entidades subnacionales.
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