En México, millones de usuarios son constantemente buscados y abordados por instituciones financieras y comerciales que les ofrecen tarjetas de crédito con procesos muy sencillos para la apertura de una línea de crédito.
Sin embargo, una vez que el plástico está activo, los usuarios enfrentan grandes dificultades para cancelar alguna tarjeta bancaria o de alguna institución comercial.
Por esta razón, en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la cual busca hacer modificaciones en los procesos de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito, emitidas por algún banco.
La iniciativa a cargo del diputado Ricardo Monreal busca crear opciones más amplias a los usuarios y tiempos expeditos para la cancelación de una tarjeta.
Además de establecer un plazo de tres días, y reforzar la protección del usuario frente a prácticas indebidas.
“Nadie debe quedar atrapado en un contrato por falta de medios adecuados para cancelarlo”, explicó Monreal.
De acuerdo con el diputado zacatecano, su propuesta está orientada a restablecer la simetría entre usuarios e instituciones y a devolver el equilibrio en una relación que hoy parece desigual.
En México, más de treinta y siete millones de tarjetas de crédito están en circulación y el saldo de financiamiento supera los seiscientos treinta mil millones de pesos.
Hay que recordar que hace seis años el propio Monreal presentó una iniciativa de reforma orientada a reducir las comisiones que los bancos cobran a sus clientes.
Así se podrá cancelar una tarjeta de crédito en México de manera fácil
El diputado Ricardo Monreal Ávila presentó esta semana una iniciativa para garantizar el acceso universal y ágil a la cancelación de tarjetas bancarias, permitiendo a cualquier persona finalizar su contrato a través de canales presenciales, telefónicos o digitales, sin importar su ubicación o acceso a tecnología.
La propuesta busca responder a la creciente cantidad de usuarios de tarjetas en México.
Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, seis de cada diez adultos poseen una tarjeta de débito, reflejando una tendencia al alza desde 2018.
Entre los puntos centrales, la iniciativa establece que la cancelación de tarjetas deberá concretarse en un máximo de tres días hábiles, sin costos, comisiones, penalizaciones ni trámites excesivos.
El objetivo es eliminar prácticas abusivas y garantizar certeza en los plazos, obligando a las instituciones a cumplir de manera puntual.
El proyecto también refuerza la protección contra prácticas indebidas, declarando nula la emisión de tarjetas sin consentimiento expreso, prohibiendo la publicidad engañosa sobre costos y cargos, y obligando a reembolsar cualquier cobro indebido. De este modo, la responsabilidad recae en el emisor y no en el cliente.
La falta de canales digitales efectivos y la resistencia de las instituciones han generado problemas para los usuarios.
En 2024, la Condusef registró más de 250 mil reclamaciones, de las cuales más de 7 mil correspondieron a solicitudes de cancelación no atendidas.
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