El gobierno de Tlalnepantla de Baz informó la separación inmediata de un ex trabajador del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tras ser señalado por presunto abuso sexual en contra de una servidora pública.
La administración municipal confirmó que Miguel Ángel “N”, dejó de laborar en el organismo como titular del área de Procuración de Fondos y Asistencia Social del DIF de Tlalnepantla, fue detenido y presentado desde el pasado 19 de septiembre, fecha en la que se le retiraron sus funciones mientras avanzan las investigaciones pertinentes.
De acuerdo con el comunicado oficial, el caso está siendo atendido bajo los protocolos legales correspondientes. En el ámbito administrativo, el Órgano Interno de Control del municipio lleva a cabo el debido proceso para determinar posibles responsabilidades laborales o faltas al código de conducta institucional.
Caso es investigado por la Fiscalía mexiquense
Paralelamente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación en el ámbito penal para esclarecer los hechos denunciados.
Las autoridades municipales subrayaron que actuarán con apego a la legalidad y sin encubrir conductas que vulneren los derechos de las mujeres o afecten la integridad del personal público. Asimismo, reiteraron su postura de cero tolerancia frente a cualquier tipo de abuso o violencia ejercida por personas servidoras públicas o miembros de la ciudadanía en general.
“El Gobierno de Tlalnepantla rechaza categóricamente cualquier tipo de abuso o violencia”, señala el comunicado, en el que se enfatiza el compromiso de garantizar espacios laborales seguros y respetuosos para todas y todos.
Este caso se suma a los esfuerzos de diversos municipios del Estado de México por fortalecer los mecanismos de atención y denuncia ante situaciones de violencia de género dentro de las instituciones.
Irónicamente, el municipio de la Tierra de Enmedio tiene una Alerta de Género desde 2015 por el aumento de la violencia en contra de las mujeres y que a pesar de las grandes inversiones para salir de esta categoría, no se ven resultados tangibles y son los funcionarios la que la ejercen de diversas maneras.
Colectivos feministas y organizaciones por los derechos humanos han reiterado la importancia de que los gobiernos locales actúen con transparencia y contundencia cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos.
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