
El presidente de la fundación Perteneces A.C., José Mario de la Garza, advirtió que la propuesta de incorporar un “amparo digital” en la reforma a la Ley de Amparo, aunque busca agilizar los juicios y permitir trámites totalmente en línea, puede dejar fuera a quienes más necesitan este recurso. La iniciativa plantea que los procesos se realicen sin acudir a los juzgados, con resoluciones más rápidas y documentos electrónicos.
De la Garza reconoció que el proyecto suena innovador, pero recordó que el amparo es un procedimiento complejo que exige conocimientos jurídicos, estrategias de litigio, elaboración de conceptos de violación, manejo de pruebas y análisis de suspensiones. A estas exigencias se suman habilidades digitales, firma electrónica, llenado de formatos, escaneo de documentos y una conexión estable a internet, requisitos que no todos los ciudadanos pueden cumplir.
Barrera para comunidades rurales e indígenas
El abogado señaló que estas condiciones representan una barrera para comunidades rurales e indígenas, colonias sin acceso confiable a internet o personas que carecen de computadora y firma electrónica. En esas zonas, donde son frecuentes las violaciones a derechos básicos como agua, salud, vivienda o medio ambiente, también escasean los recursos para pagar abogados, traductores o asesoría legal.
“El riesgo es que el amparo digital termine beneficiando sólo a quienes cuentan con tecnología y abogados especializados, mientras los más vulnerables quedan marginados”, alertó.
Para evitarlo, planteó que la modernización garantice una doble vía permanente: física y electrónica, de modo que cada persona pueda elegir la que mejor se ajuste a sus posibilidades. Propuso instalar kioscos judiciales con asistencia técnica gratuita, ofrecer materiales en lenguas indígenas, establecer plazos que protejan los derechos de los usuarios ante fallas técnicas y crear defensorías y clínicas de amparo en territorios marginados.
De no adoptarse estas medidas, advirtió, la digitalización podría agilizar los procesos sólo para una minoría con recursos, profundizando las barreras de acceso a la justicia en lugar de reducirlas.
“Modernizar sí, pero con garantías: doble vía permanente (física y electrónica), kioscos judiciales con apoyo técnico gratuito, intérpretes y materiales en lenguas indígenas, plazos a prueba de fallas (si el sistema cae, no pierdes derechos), y defensorías/clínicas de amparo en territorio. Sin eso, el ‘amparo digital’ será fachada: más veloz… para menos personas. Justicia que no llega a quien más la necesita no es justicia”, afirmó a través de su cuenta de X.
Proceso “tardado, lleno de tecnicismos y vacíos legales”
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, detalló la propuesta de reforma a la Ley de Amparo que actualmente analiza el Senado, señalando que busca establecer lineamientos claros y precisos para agilizar los juicios relacionados con este trámite.
Durante ‘La Mañanera’ del 19 de septiembre la funcionaria argumentó que la reforma es necesaria porque el proceso actual “es tardado, lleno de tecnicismos y vacíos legales” y no se encuentra actualizado con los avances tecnológicos, lo que dificulta su acceso y efectividad.
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