La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) incorporó a Vidulfo Rosales Sierra como secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia del máximo tribunal, confirmó el órgano judicial el 20 de septiembre.
Rosales se sumó al equipo de alta dirección tras la toma de protesta de Hugo Aguilar Ortiz como ministro presidente. La incorporación se produce después de que Aguilar Ortiz lo convocara a una reunión de trabajo previa a asumir la presidencia de la Corte.
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El cargo implica revisar asuntos presentados al pleno de la Corte, elaborar proyectos de resolución y brindar asesoría directa al ministro presidente. Según la SCJN, su salario mensual bruto será de 167 mil 671.23 pesos y neto de 118 mil 138.37 pesos, con prestaciones como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima quinquenal, además de asignaciones adicionales conforme a la normativa interna.
La designación de Rosales ha generado atención por su trayectoria como exabogado representante de las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como por su reciente salida del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan y del colectivo Nos Faltan 43, de los que se despidió el pasado 20 de agosto.
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“No hay invitación formal de la nueva corte”
En entrevista con Infobae México, el 21 de agosto, Vidulfo Rosales explicó que su renuncia al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y a la representación legal de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa respondió a motivos personales y de salud. Aclaró que su decisión, tomada días antes de los recientes cambios en la SCJN, no estaba vinculada a una invitación formal para colaborar con el nuevo ministro presidente.
Señaló que, aunque mantenía un diálogo de respeto con Aguilar derivado de su trabajo en defensa de los pueblos indígenas, no existía compromiso alguno y añadió que su labor siempre fue en representación del centro y que, al separarse, perdió el respaldo institucional necesario para afrontar las presiones y riesgos del caso.
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Rosales describió su renuncia como un proceso emocionalmente difícil, marcado por tristeza y consternación tanto para él como para los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa. Señaló que su trabajo en el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan fue una etapa formativa y central en su trayectoria de defensa de derechos humanos, y que dejar temporalmente la organización y la representación legal del colectivo constituye un reto personal significativo.
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