
La promulgación de la Ley Federal del Trabajo (LFT) marcó un antes y un después en el desarrollo de los derechos laborales mexicanos, siendo el resultado de un recorrido social y político lleno de luchas obreras, protestas y transformaciones legales acumuladas durante décadas.
El 28 de agosto de 1931, el país dio un paso fundamental hacia la protección de los trabajadores, cristalizando en la LFT, una ley que hasta hoy continúa siendo referencia y base para las relaciones laborales en México, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Museo Legislativo Sentimientos de la Nación.
Antes de la Revolución Mexicana, las condiciones laborales eran profundamente desiguales. Accidentes industriales graves, como los ocurridos en Veracruz en 1904 y Nuevo León en 1906, junto con huelgas que estallaron en lugares como Bellavista (1905), Cananea (1906) y Río Blanco (1907), pusieron en evidencia los abusos y precariedades que sufrían los obreros mexicanos.

Durante la década de 1910, la Revolución Mexicana permitió que nuevas ideas y políticas laborales tomaran forma. En Yucatán, bajo el mandato de Salvador Alvarado (1915-1918), se implementaron mejoras como la jornada laboral de ocho horas, indemnizaciones por accidentes, derecho a huelga y la protección de la niñez en el trabajo, medidas innovadoras que influirán en la redacción del artículo 123 de la Constitución Mexicana en 1917. Este artículo se convirtió en el primer documento legal en el mundo en reconocer los derechos laborales.
Sin embargo, el gran salto cualitativo ocurrió el 28 de agosto 1931, en medio de un clima social inquieto y tras múltiples conflictos colectivos, cuando el presidente Pascual Ortiz Rubio promulgó la Ley Federal del Trabajo, que consistía en 685 artículos. Esta norma no solo reguló de manera integral las relaciones laborales entre trabajadores y patrones, sino que también estableció las bases para sindicatos y huelgas.
Desde la perspectiva del Museo Legislativo Sentimientos de la Nación, la LFT introdujo una separación entre los trabajadores del Estado y los del sector privado, determinando que ambos estarían regulados por disposiciones distintas. Asimismo, instituyó criterios novedosos de protección en el trabajo y sentó las bases para la creación de instituciones de seguridad social, destinadas a hacer cumplir las obligaciones legales patronales en materia de riesgos profesionales.

Los cambios no se detuvieron con la promulgación original. En 1970, una nueva LFT reemplazó a la anterior y sumó disposiciones sobre seguridad, higiene, prevención de riesgos, aguinaldo y prima de antigüedad. El capítulo titulado “Habitación para trabajadores” llevó a la creación, en 1972, del INFONAVIT.
Más recientemente, la LFT ha continuado su evolución para adaptarse a las realidades contemporáneas. Entre los cambios más notables de los últimos años destacan la inclusión del trabajo digno, la regulación del teletrabajo, la redefinición del salario mínimo para cubrir adecuadamente las necesidades familiares y los avances en la protección de las personas trabajadoras del hogar y la famosa “Ley Silla”.
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