
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que dos Agentes del Ministerio Público del municipio de La Paz fueron cesados de su cargo por negarle la atención a la madre de Fernando, niño asesinado por una deuda de mil pesos.
De acuerdo con las indagatorias, el pasado 3 de agosto la madre acudió al Centro de Justicia de La Paz a denunciar que no querían devolverle a su hijo, sin embargo, fue enviada a otro centro para emitir su denuncia debido a que el Agente del Ministerio Público salía de su turno.
“Hizo del conocimiento a un prestador de prácticas profesionales que se encontraba en esas instalaciones, a su vez éste se lo informó al Agente del Ministerio Público responsable en ese momento, quien le refirió al prestador “hay que esperar a la licenciada Brenda, porque yo ya me voy”, detalló la fiscalía.

Ante la negativa y tras señalarle que si no podía esperar, acudiera al Ministerio Público de Género, la madre optó por presentarse al día siguiente a presentar su denuncia ante la Autoridad Ministerial en el Centro de Justicia para la Mujer, ubicado en el municipio de La Paz.
Derivado de la denuncia, elementos de la fiscalía en coordinación con Policía Municipal de Género, acudieron al domicilio en el que se encontraba retenido Fernando, niño de 5 años, que fue secuestrado por cobradores que exigían saldar una deuda de mil pesos.
En el sitio fue localizado el cuerpo en descomposición del menor de edad al interior de un par de bolsas que estaban en el patio de la vecindad.
Al no brindarle la atención requerida, el Agente el Ministerio Público fue cesado de sus funciones, por lo que deberá enfrentar responsabilidades administrativas y penales ante las autoridades correspondientes.
Por su parte, una Agente del Ministerio Público del área de Género fue removida y puesta a disposición de las autoridades centrales de la fiscalía para que se determine si tuvo alguna conducta que pudiera afectar los derechos de la madre durante su denuncia.
La fiscalía informó que continúa la investigación enfocada en determinar la probable responsabilidad de otros servidores públicos en la comisión del delito de abuso de autoridad por negar la atención a la madre de Fernando, niño asesinado en el municipio de La Paz a principios de agosto.
Entre las conductas en las que podrían haber incurrido los servidores públicos al no brindarle atención a la madre se encuentra la ausencia de empatía, el trato solidario y la nula vocación del servicio.
Cabe señalar que por estos hechos fueron detenidos Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N” por delitos relacionados a la desaparición y secuestro que causa la muerte, por lo que ya fueron vinculados a proceso y se encuentran en prisión preventiva.
Los tres imputados podrían enfrentar una condena de hasta 160 años de prisión en caso de ser declarados culpables.
Más Noticias
EN VIVO | Megamarcha de trabajadores del IMSS hoy viernes 30 de octubre: manifestantes bloquean Paseo de la Reforma y Eje Central Lázaro Cárdenas
Mantente informado en tiempo real sobre las rutas, los horarios y las afectaciones viales que genera la movilización de trabajadores del IMSS en la Ciudad de México y el resto del país

La costosa colección de bolsas de lujo que Inés Gómez Mont lucía en redes: podría superar los 20 millones de pesos
Después de su detención en Florida, la lujosa vida que la exconductora se permitía vuelve al ojo público

Auditoría Superior de la Federación tiene en la mira contratos del INE que superan los 8 mil millones de pesos
Aureliano Hernández Palacios detalló modus operandi de proveedores tras polémica de Taddei

Cómo le fue a Checo Pérez en la Práctica 2 del Gran Premio de México
El piloto mexicano finalizó en la decimoctava posición; Autódromo Hermanos Rodríguez registra asistencia de 102,122 fans en el 1er día de actividades
Inés Gómez Mont: por qué huyó de México y la razón de su detención en Estados Unidos
La FGR confirmó que fue detenida en Miami por una orden de aprehensión vigente en México por probable defraudación fiscal equiparada; desde 2021 era buscada por una investigación que la señala como parte de una estructura de empresas utilizada para simular operaciones y lavar recursos públicos

