El nombre de Mario Alberto Ávila Lizárraga y R.A.R irrumpió en la agenda pública este lunes tras la acusación formal presentada por autoridades federales de Estados Unidos. Ambos, empresarios de origen mexicano y residentes en Texas, son señalados por participar en un esquema de sobornos para obtener y retener contratos millonarios con Petróleos Mexicanos (PEMEX) y su filial de Exploración y Producción (PEP).
La acusación, formalizada en el Distrito Sur de Texas, describe una trama en la que ambos empresarios habrían entregado al menos 150 mil dólares en sobornos, incluyendo artículos de lujo y pagos en efectivo, a al menos tres funcionarios de las empresas estatales mexicanas entre 2019 y 2021, en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Estos pagos presuntamente garantizaron la obtención de contratos por un valor total estimado de 2.5 millones de dólares para compañías afines a los acusados.
¿Qué se sabe de Mario Alberto Ávila?
Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, acumula una trayectoria pública y política de más de dos décadas. Titulado en administración de empresas y con estudios de posgrado en España, Ávila se inició en la política como colaborador cercano de Juan Camilo Mouriño, influyente figura del Partido Acción Nacional (PAN) que ocupó cargos en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Ávila fue delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Campeche y, en 2009, compitió como candidato del PAN a la gubernatura de ese estado.
Originario de Pomuch, Campeche, comenzó su carrera en la iniciativa privada como gerente de una distribuidora de automóviles antes de incorporarse a la función pública.
Tras la campaña electoral, se integró a PEMEX y ocupó el cargo de subdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de PEP entre 2010 y 2012. Su gestión en la petrolera fue cuestionada por irregularidades.
En 2015, la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó durante 10 años tras detectar anomalías en la firma de 12 contratos con Oceanografía y el uso de aeronaves oficiales para fines personales. Parte de los señalamientos incluye que firmó una adenda fuera de su periodo de gestión, lo que facilitó beneficios indebidos a terceros. La inhabilitación concluyó días antes de que se hiciera pública la investigación federal en Estados Unidos.
Actualmente, Ávila permanece prófugo. Las autoridades de Estados Unidos han activado mecanismos de cooperación para ubicarlo y presentarlo ante la justicia.
Cada uno de los acusados enfrenta cargos por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y, en caso de ser hallados culpables, podrían recibir una condena máxima de hasta cinco años de prisión por cada uno de los delitos imputados.
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