La gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo ha abierto una indagatoria interna contra su sucesor, el también panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, por un presunto conflicto de intereses vinculado con la renta de una propiedad en Texas, Estados Unidos, conocida como la “Casa Azul”.
La polémica estalló luego de que el portal PopLab revelara que Rodríguez Vallejo, tras dejar el cargo, estableció su residencia —junto con su familia— en una zona exclusiva de Houston. Según la investigación, el inmueble situado en The Woodlands, y con un valor cercano a un millón de dólares, está registrado a nombre de Daniel Ezquenazi Beraha, representante de la empresa Seguritech, la cual opera los sistemas de cámaras y seguridad en el estado de Guanajuato.
La empresa, que habría recibido contratos multimillonarios de seguridad durante la administración de Rodríguez Vallejo, se convierte así en el presunto vínculo directo entre los recursos públicos estatales y el alquiler de la residencia en Estados Unidos.
Libia García indagará en el caso
En conferencia improvisada, la gobernadora García informó que el día 27 de junio la Secretaría de la Honestidad de Guanajuato inició una investigación por el arrendamiento de esta vivienda. Subrayó que, en lo que va de su gobierno ni durante el anterior se mantiene contrato alguno con Seguritech ni con la persona ligada a la propiedad. Indicó que la pesquisa busca deslindar responsabilidades y confirmó que su obligación no es proteger personas o empresas, sino guardar transparencia en beneficio de la ciudadanía.
Aclaró que el avance será público; no obstante, podría haber información reservada por razones de seguridad. “No podemos poner en riesgo la operación en materia de seguridad”, advirtió la mandataria.
El uso de la Secretaría de la Honestidad estatal, en este caso, indica que se analiza una posible violación a la ley estatal de responsabilidad administrativa y manejo transparente de recursos públicos. Si se confirman contratos directos o favoritismo en adjudicaciones, la Fiscalía Anticorrupción estatal podría activar procesos legales adicionales.
Respuesta de Diego Sinhue Rodríguez ante la polémica
El exgobernador respondió mediante una carta en la que niega ser propietario de la llamada “Casa Azul”. Asegura que quienes residen allí son únicamente su esposa e hijas, estudiantes en Estados Unidos, y que el inmueble es un alquiler temporal.
Desde su partido, el PAN, han surgido voces divididas. Aldo Márquez Becerra, presidente del PAN en Guanajuato, defendió al exmandatario, declarando que no existen irregularidades evidentes en el arrendamiento. En contraste, Román Cifuentes Negrete —exlíder estatal del partido y síndico del municipio de León— exigió esclarecer los hechos para mantener la coherencia del partido en casos de manejo irregular de recursos públicos, en referencia a escándalos como la “Casa Blanca” o la “Casa Gris”.
¿Cuáles serán las acciones del gobierno estatal?
La Secretaría de la Honestidad estatal debe entregar pronto los resultados preliminares. Si se comprueba vínculo contractual entre Seguritech y el exgobernador, o uso de recursos estatales en beneficio del exmandatario, podría iniciarse un procedimiento administrativo o sancionador.
En caso de delitos graves, como tráfico de influencias, la Fiscalía Anticorrupción podría intervenir. El PAN estatal deberá definir si toma una postura corporativa de defensa doctrinal o si respalda la investigación como estrategia de fortalecimiento institucional.
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