Reforma a la GN profundiza la militarización y omite controles de las fuerzas armadas en seguridad pública, advierte ONG

La inminente aprobación del paquete de reformas legales enviado por la Presidenta de la República para armonizar al menos nueve leyes con la reforma constitucional de 2024 y concretar la conversión de la Guardia Nacional en una cuarta fuerza armada ha generado una profunda preocupación en diversos sectores sociales.

La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) ha manifestado públicamente su inquietud ante disposiciones que, según su análisis, ponen en riesgo los derechos de la población, profundizan la militarización y omiten establecer controles claros sobre el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

El paquete de reformas, actualmente en revisión por el Poder Legislativo, busca modificar el marco legal para adecuarlo a los cambios constitucionales recientes.

Entre los puntos centrales se encuentra la transformación de la Guardia Nacional en una fuerza armada formal, eliminando su carácter civil.

De acuerdo con el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, los elementos de esta corporación solo podrán provenir del Ejército o la Fuerza Aérea, y deberán contar con formación militar como requisito principal, relegando la formación policial a un plano complementario.

Esta modificación implica que los integrantes de la Guardia Nacional pasarán a regirse por un modelo de educación, reclutamiento, rangos, prestaciones y disciplina propios del ámbito castrense.

Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la posibilidad de que los guardias nacionales, al convertirse en militares, adquieran derechos similares a los de las Fuerzas Armadas, como la opción de solicitar licencias para competir por cargos de elección popular.

Este derecho se otorgó a las Fuerzas Armadas desde 1986, y su extensión a la Guardia Nacional representa un cambio significativo en la relación entre las instituciones militares y la vida política del país.

Las reformas también amplían las facultades de la Guardia Nacional en materia de seguridad pública. Entre las nuevas atribuciones se encuentra la autorización para intervenir comunicaciones privadas en la persecución de delitos relacionados con hidrocarburos, así como la realización de operaciones encubiertas y el uso de usuarios simulados.

Además, la corporación podrá investigar los hechos derivados de estas operaciones. MUCD advierte que estas medidas constituyen un contrasentido respecto a los principios de seguridad pública y civil, que reservan la investigación de delitos a autoridades civiles.

La organización señala que, con esta transformación, se pasa de un modelo en el que civiles investigan a civiles, a uno en el que militares investigan a civiles, lo que podría tener implicaciones graves para los derechos humanos y el debido proceso.

El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados no se limita a la Guardia Nacional. Incluye cambios que otorgan nuevas facultades en materia de seguridad nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, especialmente en el ámbito de la inteligencia.

A partir de la reforma, esta dependencia podrá procesar información mediante labores de inteligencia, requerir información de seguridad nacional al Consejo de Seguridad Nacional y coordinar acciones inmediatas para “mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”.

Estas atribuciones refuerzan el papel de las fuerzas armadas en la toma de decisiones estratégicas y operativas en materia de seguridad nacional.

Un punto que ha generado especial preocupación es la omisión, en el dictamen, de la obligación constitucional del Congreso de la Unión de emitir la legislación necesaria para regular el uso de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública.

Esta obligación deriva directamente de la Reforma Constitucional de septiembre de 2024, que estableció un plazo máximo de 180 días para su cumplimiento, vencido en marzo de 2025.

MUCD subraya que, aunque el dictamen cumple con la homologación legal para convertir a la Guardia Nacional en una fuerza armada, no atiende la necesidad de establecer controles y regulaciones claras sobre el uso de la fuerza militar en el ámbito civil.

A lo largo de los últimos cuatro sexenios, MUCD ha advertido sobre los riesgos y los impactos negativos de la militarización de la seguridad pública.

En colaboración con víctimas, especialistas, organizaciones y activistas, la organización ha documentado violaciones a los derechos humanos derivadas de la participación de militares en tareas de seguridad, incluyendo el aumento de detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales, así como un incremento general de la violencia.

Según sus investigaciones, la estrategia de recurrir de manera excesiva a las fuerzas armadas afecta la prevención y atención de los delitos y contribuye a la impunidad.

La expansión del poder militar no se limita al ámbito de la seguridad. MUCD advierte que el involucramiento de las fuerzas armadas se ha extendido a otras áreas de la administración pública, lo que, a su juicio, erosiona el gobierno civil y el Estado democrático de derecho.

La organización sostiene que la militarización de funciones tradicionalmente civiles representa un retroceso en la consolidación de instituciones democráticas y en la protección de los derechos fundamentales.

En este contexto, MUCD ha hecho un llamado enérgico a las y los legisladores para que no aprueben la reforma en los términos propuestos y para que abran espacios de diálogo que permitan fortalecer la vía civil en materia de seguridad pública.

La organización insiste en la necesidad de que el Poder Legislativo estudie a fondo el proyecto de reformas y corrija todos los aspectos problemáticos, con el objetivo de respetar los derechos de la ciudadanía y evitar una mayor profundización de la militarización en México.