De acuerdo con el más reciente informe de la organización internacional Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED, por sus siglas en inglés) –publicado el pasado 30 de mayo–, sólo en 2024, México registró más de 340 incidentes violentos contra gobernadores, alcaldes, regidores y empleados municipales, comandando la lista a nivel mundial en este tipo de ataques.
El estudio destaca cómo la violencia escaló en momentos clave del ciclo electoral, como la conclusión de las precampañas, el registro de candidaturas en febrero y, de forma más crítica, durante y después de las elecciones de junio y las tomas de posesión en octubre.
La violencia estuvo estrechamente relacionada con la presencia de grupos criminales que aprovecharon el contexto electoral para imponer su control. Estos actores armados atacaron a candidatos y funcionarios percibidos como amenazas a sus intereses, usando tácticas que van desde amenazas hasta asesinatos. Casos como el del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos —decapitado apenas seis días después de asumir el cargo— muestran la brutalidad con la que operan estos grupos y la vulnerabilidad de las autoridades locales.
Estados como Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Veracruz se identificaron como focos rojos. La violencia también se intensificó en Chiapas, segundo estado con más incidentes, donde además de la acción criminal hubo protestas violentas y sabotaje electoral por parte de actores locales.
Por otro lado, en Morelos la población manifestó su hartazgo reteniendo al alcalde de Ocuituco para exigir obras incumplidas, evidenciando una creciente tensión entre ciudadanía y autoridades.
El informe también documenta que la violencia no sólo proviene del crimen organizado, sino que también se presenta entre contendientes políticos. La polarización y el deterioro de las instituciones municipales favorecen estas agresiones, generando un entorno de alto riesgo para cualquier actor político local.
Asimismo, en regiones históricamente estables como Sinaloa, la fragmentación interna del Cártel de Sinaloa entre facciones rivales como “Los Chapitos” y “La Mayiza”, desencadenó ataques contra funcionarios, transformando por completo el panorama de seguridad en estas entidades.
No se prevé paz a corto plazo
A pesar de medidas parciales como la asignación de escoltas —en algunos casos negadas por los gobiernos estatales— el informe advierte que no se prevé una disminución de los niveles de violencia a corto plazo. La combinación de debilidad institucional, crecimiento del crimen organizado y competencia electoral intensa requiere, según ACLED, respuestas nacionales integrales y sostenidas en el tiempo.
En conclusión, el año 2024 dejó una marca profunda en la política local mexicana. Más allá de los números, la violencia contra funcionarios refleja una crisis estructural que amenaza la gobernabilidad, la democracia y la seguridad de las comunidades en todo el país.
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