La comunidad indígena de San Juan Huitzontla, en el municipio de Chinicuila, Michoacán, vivió una jornada de terror este viernes 16 de mayo cuando un operativo, descrito como caótico y violento, irrumpió en sus calles y hogares.
Según testimonios de los habitantes, más de 80 vehículos, entre ellos patrullas, camionetas blindadas y jeeps, ingresaron al pueblo alrededor de las 8 de la mañana, acompañados por helicópteros que sobrevolaban la zona.
Lo que inicialmente parecía una acción oficial pronto se tornó en un escenario de abuso y descontrol, dejando a la comunidad en estado de shock.
De acuerdo con lo reportado por RED 113 Michoacán, los ocupantes de los vehículos vestían uniformes similares a los de la Marina, la Guardia Nacional y cuerpos policiales, pero llevaban los rostros cubiertos con pasamontañas y lentes oscuros.
Los comuneros relataron que no se presentó ninguna orden judicial ni documentación que justificara las acciones realizadas.
Una mujer, cuya identidad fue protegida por temor a represalias, narró cómo los presuntos agentes insultaron y agredieron verbalmente a los habitantes, mientras realizaban cateos en las viviendas. “Nos gritaban que nos calláramos el hocico, que éramos unas pinches viejas”, declaró.
El operativo incluyó allanamientos en casas, destrucción de puertas y saqueos, incluso en la capilla de la Virgen de la Candelaria, un lugar sagrado para la comunidad. Según los testimonios, los intrusos irrumpieron en el templo y lo trataron como si fuera un escondite del crimen organizado, a pesar de que solo encontraron veladoras, santos y flores.
Además, los comuneros denunciaron que varios vehículos civiles transportaban bolsas negras cuyo contenido fue incinerado en distintos puntos del pueblo. “Eran armas y cascos. Creemos que querían sembrar evidencia. Nadie de aquí tenía eso”, aseguró un habitante.
En medio del caos, al menos 12 personas fueron detenidas, todas ellas comuneros que, según sus vecinos, no tienen vínculos con el crimen organizado. Los pobladores intentaron protestar, pero sus reclamos fueron ignorados. Nadie ofreció explicaciones ni mostró documentos que respaldaran las detenciones.
La incertidumbre y el miedo se intensificaron cuando los habitantes identificaron entre los encapuchados a civiles provenientes del municipio de Aquila, incluyendo a un hombre llamado Dimas Ibarra, quien, según los denunciantes, está relacionado con un cártel que opera en la región.
La comunidad expresó su temor de que este tipo de operativos no estén dirigidos a combatir al crimen organizado, sino a protegerlo. “La gente mala viene de pronto a hacer chingaderas, y ahora también las autoridades”, comentó un testigo.
Ante esta situación, los habitantes exigieron la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, argumentando que los abusos y la violencia no pueden continuar.
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