La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ejecutó el 9 de mayo pasado cateos simultáneos en cuatro propiedades ligadas al alcalde del municipio de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero, quien ahora se encuentra prófugo después estas acciones. Las diligencias judiciales, coordinadas por la misma FGE, contaron con la participación de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), y la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Estas acciones forman parte de una carpeta que, presuntamente, investiga a Cortés Caballero por secuestro, extorsión y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Las inspecciones se realizaron en inmuebles de su propiedad y de su padre Gerardo Cortés, también exalcalde del municipio, donde fueron aseguradas armas largas, cartuchos útiles, droga, vehículos y dispositivos electrónicos. La FGE también decomisó documentos que podrían revelar redes de colaboración criminal dentro del ayuntamiento. Cortés Caballero fue reelecto en 2024 bajo la coalición Partido del Trabajo (PT)-Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Según la carpeta FGEP/EAT/FEISE/PIL-I/00046/2025, la fiscalía indaga a integrantes de su administración por el cobro sistemático de “derecho de piso” a comerciantes con cuotas que oscilan entre 200 y 500 pesos. También se investiga su presunta participación en la distribución de drogas en Cuautempan y Ahuacatlán. Las acusaciones incluyen además nepotismo, ya que al menos siete familiares suyos ocupan cargos públicos; entre ellos, su tía Yolanda Cortés y su primo Alain Rodríguez.
En marzo de 2025, Cortés Caballero fue señalado por la entrega de terrenos municipales a familiares y a la síndico municipal Jocabeth Quintero Escobedo, bajo el argumento de apoyar a personas en situación vulnerable. La entrega fue realizada sin convocatorias públicas ni procesos transparentes, lo que provocó reclamos por parte de activistas comunitarios que calificaron la acción como un acto de corrupción patrimonial.
Los cacicazgos familiares en gobiernos de Puebla: el caso de los hermanos González Vieyra
Este caso se suma a una serie de investigaciones que la fiscalía estatal ha abierto contra presidentes municipales presuntamente vinculados al crimen organizado. Entre ellos destacan los hermanos González Vieyra, tres políticos de la región de Ciudad Serdán. En marzo de 2025, Uruviel González Vieyra, edil de Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán), y su hermano Giovanni, presidente municipal de Tlachichuca, fueron detenidos por su presunta relación con actividades ilícitas como extorsión, secuestro y protección a grupos criminales.
Ellos mantenían presuntamente una estructura de poder familiar con influencia en al menos tres municipios del estado. Además de los dos ediles detenidos, un tercer hermano, Ramiro González Vieyra —exalcalde de San Nicolás Buenos Aires—, permanece prófugo desde el inicio de las investigaciones. Las autoridades vinculan a este grupo familiar con redes delictivas en la región del triángulo rojo, zona conocida por el robo de combustible y violencia criminal.
De igual manera, la serie de cateos a sus propiedades revelaron armas, droga y documentación financiera vinculada con empresas fachada que habrían sido utilizadas para desviar recursos municipales. Las detenciones forman parte de una ofensiva estatal que, según la FGE, busca desarticular redes políticas que operan como brazos civiles de células delictivas. La fiscalía ha señalado que en la entidad existe un patrón creciente de alcaldes que operan en complicidad con estructuras criminales locales.
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