Desde el 21 de enero 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la emisión de medidas cautelares en contra de un reconocido político en Durango, como factor detonante a su restricción se destacó su probable responsabilidad en amenazas dirigidas a un periodista de la entidad. Hasta el momento, el caso continúa por una vinculación a proceso en enero 2025.
A través de un comunicado expedido por la FGR se esclarecieron los detalles respecto al proceso legal que enfrentan ambos involucrados, esto por la presunción de responsabilidad en la comisión del delito. Dichas acusaciones preceden de diciembre 2024, donde el denunciante externó recibir mensajes de intimidación por parte del funcionario.
FGR emite vinculación a proceso a político
Hace unas horas, la dependencia anunció un pronunciamiento respecto al caso del periodista, donde por intervención de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), el delito obtuvo una vinculación a proceso en contra del político de Durango José “R”, por su probable responsabilidad en la expedición de amenazas en contra del periodista local Iván Soto.
Conforme a los reportes de denuncia, la persona implicada presuntamente envió mensajes privados a la víctima, los cuales manejaban contenido amenazante a través de la plataforma “X”. El acto fue motivado por la publicación de diversas notas periodísticas por parte del comunicador.
Es importante mencionar que, el funcionario contempla otros procesos legales de anterioridad en el mismo caso, esto por el delito de uso ilegítimo de la fuerza pública, pues en 2022, el periodista local exhibió públicamente una llamada telefónica en la que presuntamente recibía amenazas por parte del entonces mandatario partidario al Partido Acción Nacional (PAN).
En razón de lo anterior, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la FEMDH, presento los datos de prueba contundentes para demostrar la responsabilidad del funcionario en los actos delictivos mencionados. En favor del periodista, los recursos expedidos se colocaron como elementos cruciales para determinar al político como probable autor material de amenazas.
Como medida cautelar, el Juez correspondiente le impuso al funcionario la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la víctima a través de ningún medio, ya sea personal o electrónico, esto durante el trámite del procedimiento, por lo que señaló la expedición de un plazo de dos meses para concretar la investigación complementaria en la resolución del caso.
La FGR determinó atraer el caso derivado de la solicitud hecha por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado, y como parte de una política de combate a la impunidad en delitos que afectan mayormente a las y los periodistas en México, como lo es el de amenazas.
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